Damnificados indirectos del escándalo Odebrecht
La opinión pública y los medios de comunicación han centrado sus miradas en aquello que llama a escándalo en el proceder delictuoso tanto de la firma constructora brasileña Odebrecht, como de los funcionarios públicos colombianos que han recibido coima indebida por gestionar exitosamente la adjudicación de cuantiosos contratos de obras públicas. Sin embargo, ha quedado relegado a lugar terciario, y en más de un caso reducido al olvido, el grave daño que han sufrido pequeños contratistas y subcontratistas de tales obras, los profesionales y los modestos trabajadores que honestamente prestaban sus servicios al proyecto Ruta del Sol II.
A tales contratistas, subcontratistas, empleados de la Concesionaria Ruta del Sol – Tramo II, a los proveedores, etc., que son más de 2 mil colombianos (muchos cabeza de familia), se les adeudan sumas de dinero de gran significado en el monto de sus ingresos cotidianos; además, tales dineros irrigaban la economía de municipios de la zona donde se llevaba a cabo la obra. Todos han resultado hondamente afectados por lo ocurrido.
Servidores públicos han hecho anuncios de cuándo se harán los pagos de lo adeudado pero quien conozca el tiempo que en Derecho se necesita para llevar a cabo el procedimiento de reversión y entrega al gobierno de la infraestructura vial del proyecto, de las etapas que debe cumplir la liquidación final del contrato, del trámite que se debe cumplir ante jueces (según lo ordenado por la Ley 80 de 1993), sabe que ello puede demorar muchos meses pues pueden ocurrir imponderables que dilaten el asunto, traduciéndose eso en nuevos perjuicios para miles de familias que son ajenas al entramado de corrupción que montó Odebrecht.
El asunto afecta gravemente a Santander ya que numerosos comerciantes, proveedores y empresarios de municipios como Sabana de Torres y Barrancabermeja son víctimas del problema y el desarrollo de centros vitales para la economía del departamento sufrirán gran daño en su futuro inmediato. Por ello, las autoridades, los gremios económicos, las fuerzas políticas de la región, deben velar para que no haya atrasos en los procedimientos a llevar a cabo para que Santander no resulte nuevamente pagando las culpas del daño que causan terceros ajenos a nuestro medio, como ocurrió con el caso Reficar y el desarrollo de Barrancabermeja.