¿En el fondo?
Esta semana, la Ong Transparencia por Colombia dio a conocer el resultado de su estudio más reciente sobre el riesgo de corrupción en 167 instituciones del Estado. Y el resultado, como podía esperarse, es el que cualquier ciudadano del común medianamente informado ya sabía con antelación.
Según la entidad, en la mayoría de dependencias oficiales analizadas el riesgo de corrupción está entre alto y muy alto. Es decir, no hay nada nuevo.
No obstante, en lo que sí se podría profundizar un poco más, es en las razones que han llevado a que prácticamente todo lo que tiene que ver con el sector público esté contaminado por las irregularidades y viciado por los incesantes desfalcos a los presupuestos, generalización que lamentablemente en este caso no es injusta porque está basada en la realidad.
Y está basada en la realidad, no solo porque hace décadas una gran mayoría de los puestos claves en la administra-ción del Estado en sus tres ramas del poder cayó en manos de personas inescrupulosas, cuyo único fin no es servir a la sociedad que les depositó su confianza, sino en saquear de manera sistemática los recursos públicos.
El gran problema que aqueja a este país es la impunidad que los ha acompañado desde entonces.
Es así como a pesar de que esta sociedad es testigo a diario de la manera en que estallan los más grandes escándalos de malversación de fondos de los contribuyentes, es espectadora también de cómo los protagonistas por lo general no responden ante la justicia por sus actuaciones. Y para rematar, es víctima doble por la manera en que el Ejecutivo cubre los déficits mediante frecuentes alzas en los impuestos.
Por esa razón, cuando Transparencia concluye que la gran mayoría de las entidades analizadas tiene un riesgo de corrupción muy alto, pero dentro de éstas las encargadas de perseguir a los corruptos como las Contralorías y la Fiscalía son las que se destacan en esa lista de la desvergüenza, se puede contestar la pregunta que plantea este espacio editorial. ¿Tocó fondo Colombia?
Sin embargo, la conclusión para ese interrogante es, a pesar de lo que pudiera pensarse, un no rotundo. Y es que resulta muy posible que en materia del manejo de los recursos públicos Colombia esté cerca de tocar fondo, pero todo parece indicar que de seguir por el mismo camino de impunidad, indecencia e inmoralidad abiertas, ese fondo va a romperse.