El cambio del uso del suelo y la corrupción
El incorporar terrenos rurales a las áreas urbanas de los municipios forma parte natural del crecimiento de las urbes y poblaciones desde la primera revolución industrial hasta nuestros días. Pero en la Colombia del siglo XXI, en la que a tantos escenarios se ha extendido la corrupción, en tal tarea hay mucha tela para cortar pues numerosas decisiones administrativas al respecto llevan consigo largas sombras de deshonestidad y despiden olor nauseabundo que delata a alcaldes, concejales, secretarios y funcionarios de despacho municipal, funcionarios de Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), funcionarios de la Fiscalía y de órganos de control, inspectores de Policía, contratistas, constructores, urbanistas, entre otros.
El manejo incorrecto de la incorporación de terrenos rurales a áreas urbanas, cambiando el uso del suelo para que sea apto para vivienda, usos industriales, etc., tiene como modus operandi lo que llaman “volteo de tierras”, malabar en el que quienes están involucrados, o prestanombres suyos, adquieren un terreno rural y luego, con base en coimas y acuerdos deshonestos, gestionan y logran en el respectivo Concejo Municipal la modificación del POT, valorizando desmesuradamente lo que se compró por hectáreas para venderlo por metros cuadrados, obteniendo un enriquecimiento ilícito.
Ello exige maniobras irregulares de funcionarios públicos y de personas privadas que “actúan en llave”. Tal proceder genera desarrollo inadecuado, hace colapsar las redes de servicios públicos domiciliarios, la movilidad y sostenibilidad de los cascos urbanos. A ello se suma que muchas veces los terrenos incorporados al área urbana incluyen áreas de conservación y protección ambiental, de importancia ecosistémica, humedales, etc.
El “volteo de tierras” es en la Colombia de hoy un negocio multimillonario que genera enriquecimiento ilícito desmesurado de funcionarios y servidores públicos, de inescrupulosos inversionistas y las autoridades muy pocas acciones efectivas han tomado para poner freno a tan escandalosa telaraña de corrupción, pese a que medios de comunicación, voceros de la comunidad y dirigentes han hecho denuncias periodísticas y penales al respecto.
Lo ocurrido en municipios de la Sabana de Bogotá es un ejemplo sin par. Las circunstancias, la cuantía de los actos de corrupción, el caos urbanístico que ello genera, el daño material, moral y social que ocasiona, exigen radical acción de la Fiscalía, los jueces y el gobierno. ¿La habrá?