Ante liberaciones, ¿quién protege a las víctimas?
Hace varios meses los medios de comunicación informaron que como consecuencia de una Ley expedida el año pasado, la Fiscalía y los Jueces tenían un período de dos años para resolver la situación jurídica de quienes, siendo sindicados de haber cometido delitos, estuvieran privados, preventivamente, de la libertad; tal lapso comenzó a contarse desde mediados de 2.015. Así, ante la incapacidad del aparato de Justicia Penal de agilizar la tramitación de los procesos, este mes empezaron a ser excarceladas miles de personas que llevaban 2 años tras las rejas sin que en su contra se adelante el correspondiente juicio penal. Entre ellos hay seres de toda clase y condición humana. Unos que no representan peligro para la sociedad pero, también, buen número de antisociales que son un peligro para sus víctimas, aquellas que tuvieron el coraje de denunciarlos, confrontarlos ante la Justicia, aportar pruebas de los delitos que cometieron y que hoy, indefensas, viven la angustiosa posibilidad de ser objeto de siniestras venganzas de quienes ya en su contra consumaron delitos.
¿Y a tales víctimas las protegerá efectivamente el Estado? Sinceramente, no hay cómo garantizar la vida, honra y bienes de muchos ciudadanos que hoy, indefensos, se reprochan el haber buscado que se aplicara justicia a quienes en su contra cometieron delitos.
¿Por qué se llegó a tal estado de cosas? Porque el sistema oral acusatorio implementado en materia Penal ha sido incapaz de evacuar ágilmente las investigaciones. Con pompa se anunció como una panacea y ha generado inmensa congestión judicial; la Fiscalía aduce necesitar grandes recursos del presupuesto nacional para cumplir su función y que se amplíe, también, el número de jueces para poder evacuar el trabajo represado. En tanto, miles de personas han estado 3 y hasta 4 años presas y luego son excarceladas por falta de pruebas, o por ser inocentes, etc., e instauran procesos ante la Justicia Administrativa para exigir a la Nación indemnizaciones que suman casi 20 billones de pesos.
El Gobierno y el Congreso no consideraron prudente tomar medidas para evitar que dichas personas fueran excarceladas. Ojalá no haya consecuencias amargas y las indemnizaciones esta vez no las pidan los injustamente encarcelados sino las víctimas por haber sido objeto de venganzas llevadas a cabo por aquellos que en su contra ya delinquieron.