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Sábado 02 de Septiembre de 2017 - 12:01 AM

Poder central, poder local y minería

El próximo 17 de septiembre se efectuará una consulta popular en el municipio de Jesús María sobre minería en su territorio; el 1 de octubre habrá consulta similar en el municipio de Sucre; en noviembre ocurrirá lo mismo en El Peñón. San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Pinchote y San Gil tramitan tal tipo de consultas. En otros 41 municipios colombianos la continuidad de proyectos mineros, energéticos, de exploración y explotación de hidrocarburos depende del resultado de tales consultas constitucionales. ¿Qué está ocurriendo?

En materia minera hay información asimétrica, no hay claridad sobre cuál es la competencia de las autoridades nacionales, cuál la de los municipios, una es la posición del gobierno central, otra la de los poderes locales y la ciudadanía de los municipios mineros; a ello se suma que uno es el sentir de los habitantes de nuestras grandes ciudades y otro el de los pobladores de los municipios mineros. Hay intereses electorales de políticos regionales, intereses de la minería ilegal, de la minería artesanal, de la gran minería.

Las altas Cortes consideran que el resultado de las Consultas Populares es vinculante, obligatorio y el Gobierno central manifiesta que estas son solo decisiones políticas que no tienen capacidad para cambiar las leyes. En resumen, es una tormenta perfecta en el mar de las tempestades.

Debe, además, tenerse en cuenta que: la gente de los municipios mineros vota por lo general masivamente no a la minería. ¿Por qué? Porque sus reclamos no han sido oídos por Bogotá, porque el Gobierno central ha concentrado en sus manos la toma de decisiones sobre minería, la emoción colectiva cree que la minería acaba con los recursos naturales, el agua y las fuentes hídricas, que el Estado ha entregado títulos mineros y concesiones en forma irresponsable, etc. Por añadidura, las empresas mineras no han sabido sostener diálogos claros con las comunidades sobre qué es la minería responsable ni socializar sus proyectos debidamente, si su actividad va o no a afectar el medio ambiente, el agua superficial y subterránea, cuál es el impacto social de sus proyectos, etc.

En tanto, las consultas populares han ido mutando en mecanismo para resolver conflictos entre el poder central y el poder local sobre uso del suelo, propiciando una autarquía municipal por ausencia de procesos de concertación y construcción colectiva.

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