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Sábado 23 de Septiembre de 2017 - 12:01 AM

La crisis de los organismos judiciales

Uno de los asuntos que más preocupan es la aguda crisis que envuelve a los diversos organismos estatales que tienen funciones judiciales y el que día tras día aumenta el número de hechos irregulares, antiéticos y delictivos en que están enredados funcionarios del más diverso nivel de la Rama Judicial. El daño que ello está causando a la sociedad colombiana, a sus instituciones, a la economía y al futuro, es inenarrable. Pero se corre el riesgo de que la urgencia de parar la carrera de acontecimientos censurables provoque que se yerre en la solución, que se siga “buscando el ahogado río arriba”. Eso sería fatídico.

Hay sucesos que deben mirarse detenidamente junto con otros igual de significativos a la hora de buscar causas. El primero de ellos es lo que ha sido para el país y para el ámbito jurídico la estúpida, criminal y demencial toma del Palacio de Justicia por el M 19 y la equivocada e infernal retoma que se ejecutó, hechos ocurridos hace 32 años.

A ello se suman las desacertadas decisiones de la Constitución de 1991 al darles funciones electorales a las altas Cortes, al consagrar que ellas sean juez de los congresistas y el Congreso, a su vez, sea juez de los magistrados, al haber fijado en solo 8 años el período de los magistrados.

Pero allí no terminan los errores de la Constitución de 1991 en relación con la Justicia. Papel resaltante de tales yerros es el no haber acabado con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el darle origen político a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.

La Constitución de 1991 tiene muchos aciertos, pero fracasó al sentar los cimientos de la cúpula de la Rama Judicial y las consecuencias han sido amargas.

El país lleva más de 20 años en un laberinto, tratando de acabar con la Comisión de Acusaciones, buscando corregir la forma de selección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y sus funciones, tratando de quitarles las funciones electorales a las altas Cortes, de modificar el período de sus magistrados. Mas las conveniencias políticas, las pujas coyunturales por el poder, las conveniencias y la laxitud (que lleva a la corrupción) han impedido el lograrlo. Y probablemente esta vez estemos ante otro intento fallido.

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