No se puede premiar el delito
Al inicio de esta semana, el Juez Segundo Especializado de Bogotá no avaló el preacuerdo al que había llegado la Fiscalía General de la Nación con el exsenador Otto Bula, por la investigación que se adelanta en su contra por el caso Odebrecht. El acuerdo pretendía que Bula fuera condenado a cinco años de prisión y a devolver la suma de $6.600 millones, a cambio de colaborar con la Justicia.
En opinión del juez, lo mínimo que debía hacer Bula si quería negociar con la Fiscalía era reintegrar un 50% del incremento patrimonial que obtuvo por los pagos ilegales que se dieron en este caso, lo cual no corresponde con la cifra acordada. Además consideró que la Fiscalía excedió su facultad de negociar al acordar una pena de solo cinco años.
En hora buena la Justicia pone freno a estos acuerdos a los que se ha venido llegando, no solo en el marco del escándalo de Odebrecht, sino también en otros sonados hechos de corrupción, en los que a veces parece que se premiara el delito. Tal es el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, que acordó pagar cinco años y dos meses de prisión y devolver $4.000 millones, cuando se estima que los recursos desviados en su administración ascendieron a los $80 mil millones.
No es posible que personas que traicionaron la confianza de un país que los eligió con su voto, se enriquecieron con los recursos públicos y volvieron la función pública parte de un negocio en el que se movieron los más reprochables intereses sean sancionadas por la Justicia de forma tan leve. Además las cifras que acuerdan devolver son irrisorias al lado de las que se apropiaron. Casi que pareciera que la Justicia estuviera enviando el mensaje de que es un “buen negocio” delinquir, pues tras un corto tiempo de cárcel (seguramente en casa), los delincuentes pueden salir a disfrutar de sus fortunas.
Por el contrario son estos delincuentes de cuello blanco los que debieran ser sancionados con la mayor severidad por parte de la Justicia, pues traicionaron todos los principios que deben acompañar a quienes son elegidos y representan el Estado. Se entiende que lo que se busca es colaboración para llegar al fondo del entramado de corrupción, pero no puede premiarse de esta forma al delincuente. Es hora de que la Justicia envíe un mensaje ejemplar de que ser corrupto en este país no paga.