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Sábado 30 de Diciembre de 2017 - 12:01 AM

En torno al alumbrado público

ARCHIVO/VANGUARDIALIBERAL

En materia de las funciones que para la comunidad debe prestar el Estado, pese a que cotidianamente se exige a los administradores de la Cosa Pública eficacia, eficiencia, transparencia y austeridad y estos proclaman cumplir con ello, a diario se pone en evidencia que debiendo ser el Gasto Público herramienta eficaz para mejorar la vida de la ciudadanía, las condiciones de crecimiento del país y de redistribución del ingreso, proliferan las falencias y desgreño, como ocurre en relación con el alumbrado público que se presta en los cascos urbanos de los más de mil municipios que tiene Colombia.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP), difundió un estudio sobre el alumbrado público en los municipios titulado “Evaluación de la política de alumbrado público”, documento que tiene aspectos inquietantes. Hay municipios en los que administrar, operar y mantener encendido un bombillo de alumbrado público, por los sobrecostos, cuesta hasta 1,5 millones de pesos.

Según dicho análisis, en materia de alumbrado público hay graves deficiencias en los municipios, afectando ello sus finanzas. ¿Causas? Las malas negociaciones hechas por las alcaldías al contratar el suministro de alumbrado público (en ello incide la corrupción); pero no es esa la única razón, ya que hay desgreño, falta de control, pocos municipios tienen sistemas confiables de medición para verificar el suministro de energía, hay mal manejo de los tributos que se cobran por alumbrado público, en otros municipios el recaudo es insuficiente y, aunque parezca increíble, uno de cada tres municipios no tiene impuesto de alumbrado público.

¿Qué pone en evidencia ello? Que en el manejo del Gasto Público no hay eficiencia, eficacia, austeridad ni transparencia. Algo más, ni siquiera hay la información requerida para mejorar tal estado de cosas. La situación preocupa pues Colombia lleva cerca de 70 años luchando en diversos frentes para mejorar el funcionamiento del Estado y darle racionalidad al Gasto.

En materia de alumbrado público, es imperioso que la Superintendencia de Servicios Públicos lleve a cabo una eficaz vigilancia y control de tal gestión, de su contratación y que la Contraloría General haga una auditoría de la prestación de dicho servicio y de sus procesos de licitación para enderezar las cosas y que no siga siendo otra vena rota, como lo es.

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