Sábado 13 de Enero de 2018 - 12:01 AM

La responsabilidad penal de los adolescentes

Es cierto que la sociedad tiene derecho a la seguridad colectiva, pero el asunto de la responsabilidad penal de los adolescentes exige trato serio y responsable.

En Colombia, cada vez que ocurre un hecho delictuoso que conmueve a la comunidad, en el que se señale como protagonista a un adolescente, vuelve a las primeras planas de las noticias el debate en torno al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes vigente y se escuchan diversas opiniones sobre la conveniencia o inconveniencia de imponer condenas de adultos a menores delincuentes.

Hace algunas semanas, en Putumayo, una niña fue abusada y asesinada y de tan espeluznante crimen se acusa a su hermano, un menor de 15 años de edad. Inmediatamente, volvió la controversia sobre dicho tema.

Debe resaltarse que el asunto no puede ser tratado en forma errática, con la superficialidad y pasión de que muchos hacen gala en las redes sociales, ni con base en intereses coyunturales, pues ello no aporta elementos de análisis válidos para debatir acertadamente el funcionamiento de nuestro sistema de justicia juvenil, ni arroja insumos válidos para analizar sus componentes y lograr fortalecer y cualificar una política criminal congruente, racional, viable.

La comunidad debe entender que la política criminal de nuestro sistema de justicia juvenil se debe apoyar en evidencias, investigaciones y estudios que respalden las decisiones y propuestas de política pública, que vayan más allá de iniciativas subjetivas, reactivas, coyunturales.

El Código de Infancia y Adolescencia vigente, si bien ha tenido dificultades por la no lograda actuación armónica y coherente de entidades estatales básicas para que se pueda aplicar debidamente el sistema que implanta, como son el Icbf, el Ministerio de Justicia, la Policía, el Sena, el Sistema Nacional de Juventud, el Ministerio de Educación, la Fiscalía General de la Nación, entre otros, debe destacarse que recoge estándares y recomendaciones contenidas en diversos instrumentos de Derecho Internacional para defensa y respeto de los derechos humanos.

Es cierto que la sociedad tiene derecho a la seguridad colectiva, demanda que es real y legítima y que cada ciudadano tiene derecho a que les sean respetadas sus libertades individuales, pero el asunto de la responsabilidad penal de los adolescentes exige trato serio y responsable, pues es parte de una política socio-jurídica que sigue estándares internaciones.

Así, en esta materia hay que lograr garantizar la seguridad colectiva de la sociedad, el respeto del derecho de los ciudadanos y los derechos de los niños y adolescentes.

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