Jueves 22 de Febrero de 2018 - 12:01 AM

El caso Lyons y la política criminal

El estupor embarga a los ciudadanos pues se considera que la pena de prisión y la sanción pecuniaria pactadas son más un salvoconducto para delinquir que un castigo ejemplar.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL

El país quedó aturdido al enterarse que la Corte Suprema de Justicia avaló el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y Alejandro Lyons sobre la pena de prisión y la suma de dinero que pagará al Estado y a la sociedad este ciudadano por la comisión del delito de concierto para delinquir agravado, siendo gobernador de Córdoba, reato cometido a través de la celebración de convenios interadministrativos con cargo al Fondo de Ciencia y Tecnología del Sistema General de Regalías, por 80 mil millones de pesos.

Si bien quedan pendientes de definir las penas por el delito de peculado por apropiación y por la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales, el estupor embarga a los ciudadanos pues se considera que la pena de prisión y la sanción pecuniaria pactadas son más un salvoconducto para delinquir que un castigo ejemplar para actos rampantes de corrupción, proceder este que ha destrozado a nuestra sociedad.

El mensaje que capta la ciudadanía es que es “buen negocio” incurrir en actos de corrupción y ese recado social es nefasto.

El que el Estado negocie con delincuentes para que colaboren señalando a sus cómplices, encubridores y los delitos cometidos, es parte de la política criminal del Estado, traída del sistema criminal de Estados Unidos para luchar contra el crimen y proteger los intereses esenciales del Estado de conductas delictivas que causen daño social.

Pero, ¿imponer una pena de prisión de 5 años y 3 meses y una pena pecuniaria de cuatro mil millones de pesos es acorde y compensatoria del daño causado al aprovechar un alto cargo público como es el ser gobernador de un departamento para delinquir y asaltar al presupuesto nacional en cuantía de 80 mil millones de pesos? ¿Esas sanciones protegen los intereses esenciales del Estado y de la sociedad, previenen el delito, recomponen el tejido social?

El sistema penal que rige en Colombia es censurado por estar causando hondo daño cultural, ser agudamente garantista, fallar en las sanciones que impone, ser causa de órdenes de detención extramural que no han saneado el tejido social y convertirse en un multiplicador de ilícitos.

El sistema penal colombiano vigente no satisface, no restablece los derechos, no protege a la ciudadanía, causa un daño cultural e incentiva el delito.

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