Sábado 24 de Febrero de 2018 - 12:01 AM

La crisis de Hogares Claret

El adolescente infractor no se está resocializando, el proceso aplicado no cumple los fines previstos y las consecuencias son múltiples y nefastas para la seguridad ciudadana

Una de las realidades del mundo actual, cuando gran parte de la población se agolpa en las ciudades y en ellas así como hay mejor calidad de vida para diversos sectores sociales, hay inequidades y el eslabón más débil de la cadena humana citadina son los menores, sobre quienes los conflictos intrafamiliares, sociales, económicos, etc., explotan en el momento de la vida en que son más frágiles, indefensos.

Los Estados Naciones han implementado un sistema especial de responsabilidad penal para los adolescentes infractores de la Ley, cuyo objetivo es su resocialización y rehabilitación, su educación, para que en la vida adulta sean personas de bien. La sanción penal para los adolescentes debe ser un inteligente proceso que logre la adaptación del menor a la comunidad.

Por eso hay una legislación penal especial para ellos que en Colombia está contenida en la Ley 1098 de 2.006, que exige condiciones especiales para la reclusión de los menores que infringen su articulado.

En Santander el lugar de internamiento de los adolescentes infractores es la Casa de Menores (Casam), ubicada en Piedecuesta, administrada por la Fundación Hogares Claret, especializada en esta clase de actividades, que exitosamente lleva a cabo tal tarea en otras regiones del país.

La Casa de Menores o Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores está en profunda crisis. Allí hay riñas, muertos, se consumen drogas, un deficiente y laxo proceso educativo, ineficaz control.

La Fundación Hogares Claret decidió entregar su administración, pero no hay institución alguna dispuesta a hacerse cargo de ella pues el lugar donde funciona no permite su buen funcionamiento, carece de los necesarios recursos físicos y humanos, no se cumplen los fines educativos, restaurativos, ni de protección que se buscan.

Se creó el Comité Departamental para la Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes en Santander, pero las cosas no funcionan; en el asunto actúan diversas entidades estatales, siendo difícil la coordinación: la gobernación, las alcaldías, la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría, el ICBF. Las cosas marchan mal.

¿Resultado? El adolescente infractor no se está resocializando, el proceso aplicado no cumple los fines previstos y las consecuencias son múltiples y nefastas para la seguridad ciudadana de la Colombia del futuro.

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