Lunes 05 de Marzo de 2018 - 12:01 AM

Una política criminal equivocada

El problema se reduce a estrechez presupuestal y a falta de voluntad política del Estado para programas asistenciales para la población joven. Mientras tanto, el reclutamiento de menores por la criminalidad organizada aumenta día a día pues todo se presta para ello.

Es época de campañas electorales y ha vuelto a ser tema de debate el problema de la responsabilidad penal de los adolescentes. El asunto capta la atención de amplios segmentos de electores pues cada vez es más frecuente que se capture a menores de edad cometiendo delitos y que el ciudadano de a pie perciba que cuando ello ocurre, pronto todo se sume en un terreno cenagoso en el que abundan las normas jurídicas, contradictorias e incoherentes entre sí, surgen tropiezos procesales, el asunto entra en tierra de nadie, pronto el menor vuelve a la calle y, con frecuencia, al mundo delictivo.

El segundo episodio suele tener por escenario los medios de comunicación, que son empleados por políticos con ansias de votos, por ciudadanos que reaccionan emocionalmente, por comunicadores sociales que con frecuencia tocan el tema con superficialidad, ruido y mal método. ¿Resultado? Todo sigue igual que antes o, ante la inconformidad de la opinión pública, se expiden leyes cortoplacistas que sirven para apagar incendios coyunturales, inconexas con el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), las que a largo plazo terminan ahondando el problema.

Hay la percepción general de que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, creado mediante la Ley 1098 de 2.006, no ha funcionado, que está en crisis, pero el asunto no se resuelve por caminos equivocados como ampliar el número de delitos por los que se debe sancionar a los menores, ni imponiéndoles penas de privación de la libertad diseñadas para adultos, ni con otros sofismas de distracción.

¿Qué ha fallado en la implantación del Código para la Infancia y la Adolescencia? El soporte institucional. No hay un Código de Procedimiento para el menor, por lo que se le juzga aplicándole el Código de Procedimiento Penal para adultos, ello es incorrecto. ¿Será imposible expedir un Código de Procedimiento para Adolescentes, con contenido diferenciado y pedagógico? Además, el seguimiento que se hace de la conducta del menor que ha delinquido y la asistencia a la familia de dicho adolescente son deficientes.

En el fondo el problema se reduce a estrechez presupuestal y a falta de voluntad política del Estado para programas asistenciales para la población joven. Mientras tanto, el reclutamiento de menores por la criminalidad organizada aumenta día a día pues todo se presta para ello.

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