Lunes 19 de Marzo de 2018 - 12:01 AM

Futuro

De la inteligencia, sensatez y eficacia con que el próximo Gobierno resuelva las barreras que han impedido que el plan de vías 4G camine debidamente, depende la suerte del más ambicioso plan de desarrollo vial de nuestro país.

Es el más ambicioso plan que ha habido para interconectar, en materia vial, a las distintas regiones que conforman el territorio de Colombia. Es, además, el más deseado programa de modernización de la infraestructura vial del país. Son algo más de 30 proyectos con una inversión de cerca de $ 50 billones de pesos para construir 5.524 kilómetros de vías carreteables. Se espera que tales obras impulsen sobremanera al sector de la construcción y a la economía nacional. Más, ¿se ha logrado?

Desafortunadamente las trabas que ha habido han hecho que este vital motor de la economía marche a un ritmo muy lento y pocos cometidos haya logrado cumplir.

Muchas barreras han impedido que el plan de vías 4G camine debidamente. Consultas a las comunidades, licencias ambientales, cierres financieros, han sido vallas difíciles de superar pero son inferiores al peor problema, la corrupción.

Odebrecht, los enredos penales y éticos de grandes contratistas vinculados a vitales proyectos de vías 4G, la corrupta injerencia de dirigentes políticos y funcionarios del Estado, hicieron que aumentara el número de contingencias en los modelos de riesgos de crédito y que la banca endureciera su posición para financiarlos. Por eso hoy todo es costoso, difícil y lento para las vías 4G. Además, la Ley 1508 de 2012, que regula el régimen jurídico de las asociaciones público – privadas para la construcción de carreteras, da más importancia al modelo financiero que a los asuntos de ingeniería en las etapas de prefactibilidad y de factibilidad.

La gigantesca suma de dinero en juego en tal programa hace que solo 5 o 6 bancos tengan capacidad para financiarlo y pocos contratistas puedan ejecutarlo. Ello es una valla por las restricciones que tiene la banca para prestar dinero en infraestructura a pocos deudores por la concentración de riesgos y por problemas como el ocurrido con el consorcio Solarte, verdadera bola de nieve para el programa.

Debe el Estado ejercer más control a las obras de infraestructura vial, cuidar que el diseñador no sea el mismo constructor, que la interventoría sea más eficiente e independiente, entre otras cosas.

Estas tareas quedan en manos del próximo gobierno y de la inteligencia, sensatez y eficacia con que los resuelva, depende la suerte del más ambicioso plan de desarrollo vial de nuestro país.

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