La tarea de la JEP
En este mes de marzo está materializándose y empezando tareas la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo transitorio de justicia creado en los Acuerdos de La Habana, cuya tarea es volver realidad valores fundamentales para la Colombia del siglo XXI como son la verdad, la justicia y, además, reparar a los centenares de miles de víctimas de los graves crímenes cometidos durante buena parte del larguísimo conflicto interno armado que nuestra patria ha vivido.
A tal mecanismo judicial se espera que comparezcan exguerrilleros, miembros de la Fuerza Pública y terceros tales como financiadores de actores armados, que hayan cometido excesos a lo largo de la confrontación bélica que por años tuvo lugar en nuestro país.
Mucha expectativa hay sobre las labores que lleve a cabo, el tipo de penas que imponga y la coordinación de sus gestiones con entidades estatales tales como la Fiscalía, la Procuraduría, la Justicia Penal Militar y con las víctimas del conflicto.
Delitos tales como el reclutamiento de menores, la desaparición forzada, los actos contra la libertad y el honor sexual, el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, la minería ilegal, el narcotráfico, los “falsos positivos”, las matanzas masivas, entre otros, serán investigados y fallados por este sistema de justicia transicional.
Sin embargo, el altísimo número de delitos cometidos a lo largo de cerca de 60 años de confrontación, el grueso número de involucrados, la nutrida gama de alias usados por los actores del conflicto, hacen que se haya optado por el mecanismo de no investigar todos los crímenes, ni juzgar a todos los culpables, cómplices y encubridores, sino que la JEP se concentre en los más emblemáticos.
Debe el país saber que muchos crímenes quedarán sin ser juzgados y que ojalá la selección de casos a investigar y juzgar que hagan los magistrados de la JEP represente debidamente lo ocurrido, se juzgue con imparcialidad y la realidad no desborde lo plasmado en las normas.
El marco normativo es distinto de aquel que se llamó de Justicia y Paz, creado para juzgar a los paramilitares, el que en una década solo logró dictar 47 sentencias. El país espera mucho de este sistema de justicia transicional y queda en manos de los jueces escogidos el que los colombianos no tengan un amargo desencanto más.