La eterna burla al mérito
Esta semana el país ha estado atento a la elección que adelanta el Congreso de quien será el próximo Contralor. Para realizar esta elección, el pasado 21 de junio el mismo Congreso estableció nuevas reglas, según las cuales debía realizarse una convocatoria pública y luego nombrar a una universidad de reconocido prestigio nacional, para llevar a cabo un examen técnico de los aspirantes y avalar la idoneidad de su hoja de vida.
Fue así como se seleccionó a la Universidad Industrial de Santander, UIS, para que llevara a cabo los exámenes que darían fe del conocimiento de los aspirantes a ocupar este importante cargo público, que antes se elegía de terna presentada por las Altas Cortes.
De 109 inscritos, 59 aprobaron el examen de la UIS. Y luego de ser escuchados, 10 de ellos fueron seleccionados; de allí saldrá el nombre del próximo Contralor. Pero no todo fue como se esperaba. Luego de la puesta en marcha de la nueva forma de elegir Contralor, algunos de los requisitos para ello fueron modificados por el mismo Congreso y, además, en la lista en que se señalaron los 10 aspirantes de donde saldrá el nombre del nuevo Contralor no se tuvieron en cuenta a todos aquellos que obtuvieron los mejores puntajes en la prueba de conocimiento. El próximo lunes, el Congreso elegirá.
La elección del nuevo Contralor muestra cómo en el país las entidades de control siguen siendo parte de los acuerdos políticos, que priman sobre los méritos. Esta es una historia de nunca acabar. A pesar de que la Contraloría es uno de los cargos que más debiera contar con personas idóneas, pues es el ente que vigila la correcta inversión de los dineros públicos, ha quedado muchas veces en manos de personas que lejos de estar para investigar de forma independiente, se han puesto allí para cuidar los intereses de un grupo político. En el caso regional, esta realidad es dramática. Basta ver, por ejemplo, lo que ocurre en Bucaramanga, donde el Contralor municipal ni siquiera superó las pruebas de conocimiento y hasta hoy no se conocen sanciones de su despacho en contra de funcionarios de su partido político, a pesar de las varias denuncias que reposan en su despacho.
Esperemos que en el orden nacional la historia sea distinta y que finalmente se designe Contralor a la persona más idónea para ello. Atacar la corrupción es prioridad del nuevo Gobierno y para ello necesita de funcionarios comprometidos con este propósito. Sobre todo en un lugar como la Contraloría.