Jueves 20 de Septiembre de 2018 - 12:01 AM

Las nuevas medidas para el PAE

Se extraña que dentro del paquete propuesto por el Gobierno no se haya incluido un régimen de inhabilidades para quienes hayan defraudado el PAE.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL

Ayer el presidente Iván Duque, junto a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, presentaron las nuevas medidas que se aplicarán a la contratación del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en todo el país. Además participaron los Ministerios de Educación, Salud, Industria y Comercio y Agricultura; el Departamento Nacional de Planeación; el Sena, las federaciones de municipios y departamentos, entre otros.

El programa del Gobierno Duque busca optimizar los recursos entregados para la alimentación escolar, la transparencia en su ejecución, la cobertura y la calidad en la prestación del servicio. Este programa beneficia a los estudiantes de las entidades oficiales de todo el país y muchas veces es la única opción de alimentación balanceada que tienen muchos niños.

Para lograr que el PAE se ejecute como debe ser, el Gobierno propondrá esquemas de contratación que reconozcan la diferencia entre ciudades grandes y pequeñas, de forma tal que el servicio para ciudades capitales y en departamentos en los cuales es posible estandarizar los tipos de alimentos y los servicios de ensamble y distribución se hagan con acuerdos marco administrados por Colombia Compra Eficiente. En los demás casos, se definirán estándares mínimos de contratación o pliegos tipo, para evitar el direccionamiento, como ocurre hoy.

La noticia sobre la nueva regulación del PAE da una luz de esperanza de que se frene la corrupción en la adjudicación de estos contratos. El PAE se convirtió en un botín para los corruptos, que incluso los negociaban a nivel nacional. A través de disfraz de entidades sin ánimo de lucro, el Plan de Alimentación Escolar se convirtió en un paquete vendido a los políticos regionales, que convirtieron el programa en fuente de financiación incluso de campañas políticas.

En Santander, aún no se ha dicho la verdad de los alcances de estas negociaciones, pues aunque el contratista del PAE regional, Germán Trujillo, aceptó cargos por cuatro delitos, los santandereanos seguimos sin saber con quién se hicieron estos acuerdos corruptos, pues es claro que hubo una contraparte en este negocio. Ojalá que estas medidas frenen esta puerta abierta a la corrupción regional. Pero se extraña que dentro del paquete propuesto por el Gobierno no se haya incluido un régimen de inhabilidades para quienes hayan defraudado el PAE, pues hoy solo cambian de nombre sus empresas y siguen allí, como si nada.

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