Sábado 17 de Noviembre de 2018 - 12:01 AM

Maniobras ilícitas de contratistas y funcionarios públicos

Es más rentable financiar campañas electorales que hacer oscuros negocios con estupefacientes, pues hay contratos estatales que multiplican por cuatro el dinero aportado a las campañas.

La Misión de Observación Electoral, MOE, llevó a cabo una interesante investigación, para desentrañar las razones por las cuales, tanto diversas empresas como personas naturales que son profesionales de diversas áreas del conocimiento, hacen jugosos aportes en dinero y en bienes para financiar las campañas electorales de determinados candidatos a cargos de elección popular.

El marco del estudio comentado fueron los comicios para elegir alcaldes y gobernadores llevados a cabo en 2015, en los que fueron ungidas las actuales cabezas de las administraciones municipales y departamentales. Si bien el punible ayuntamiento que hay entre contratistas y candidatos a dichas dignidades es vox populi en Colombia, y en cuanto tertuleadero hay sobre ello se cotillea, no por eso pierden interés las conclusiones del trabajo de la MOE, que corrobora que lo que se dice al respecto no solo es verdad, sino que se queda corto.

Pútrido olor sale de muchos contratos celebrados por gobiernos municipales y departamentales con financiadores de campañas electorales, pudiéndose señalar que hay numerosos delitos cometidos por elegidos y aquellos que aportaron dinero para sus campañas electorales con el fin de transformarse en exitosos contratistas con el Estado.

La investigación de la MOE saca a la luz algo que quita la respiración: es más rentable financiar campañas electorales que hacer oscuros negocios con estupefacientes, pues hay contratos estatales que multiplican por cuatro el dinero aportado a las campañas.

Y algo más, la Ley Electoral consagra que todo aquel que haga aportes por más del 2% del tope máximo a aportar a un determinado candidato está inhabilitado para celebrar contratos estatales con la entidad que encabeza aquel que fue financiado con sus aportes económicos. En el mapa de Santander hay contratistas incursos en tal irregularidad.

Y algo más: en buen número de contratos hubo un solo proponente y/o falta de transparencia contractual.

¿Acaso será que se necesita expedir una ley que sancione estas conductas vergonzosas que llevan a cabo funcionarios estatales y empresarios que se presentan ante la sociedad como transparentes? No, en el voluminoso número de leyes vigentes, varias se pueden usar con el fin de sancionar severa y ejemplarmente tales procederes, pero para ello se necesita que haya voluntad de parte de quienes aplican la legislación.

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