Septiembre 8, 12:00 am

Nuevo estatuto anticorrupción: bonito en el papel ¿y en la realidad?

No importa qué tan fuertes sean los castigos ni interesa cuántas reformas se hagan, mientras el grueso de las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría no llegue a nada, como ha sido la constante histórica

Sobre las primeras semanas del gobierno del presidente Santos hay una opinión que comparten la mayoría de los colombianos. El nuevo Mandatario ha dejado una impronta hasta el momento, principalmente por la manera rápida y directa en que ha abordado algunos problemas graves que dejó su antecesor, como la crisis con Venezuela o el fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo y las Cortes.

Además, el país también le reconoce al doctor Santos una muy buena voluntad para solucionar conflictos atávicos. Esta disposición puede verse, por ejemplo, en el proyecto de la Ley de Tierras, que busca devolverle la propiedad a quienes la perdieron víctimas de la violencia, así como el nuevo estatuto anticorrupción propuesto el lunes de esta semana.

Sin embargo, entre la voluntad y la realidad hay un largo trecho. Sobre todo en este país, donde el espíritu de las leyes difícilmente se traduce a la vida diaria.

Es que la propuesta del Presidente para luchar contra la corrupción suena muy bien en los discursos y seguramente se verá mejor redactada en el papel, pero de ahí a que logre efectivamente disminuir los altísimos niveles de descomposición moral que a diario se devoran a la nación, el camino es, para ponerlo en términos optimistas, menos que incierto.

Y sí, puede ser que en el nuevo estatuto se aumenten las penas contra quienes defrauden los presupuestos del Estado, a la vez que se les nieguen beneficios como la casa por cárcel. Sin embargo, es precisamente una palabra sobre la que gira todo el problema: la impunidad.

Puesto de otra forma, no importa qué tan fuertes sean los castigos ni interesa cuántas reformas se hagan, mientras el grueso de las investigaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría no llegue a nada, como ha sido la constante histórica.

La triste realidad demuestra a diario que el erario jamás alcanza para la inversión, al tiempo que los patrimonios de miles de funcionarios se multiplican ilegalmente, ante los ojos desinteresados, apáticos y en muchas ocasiones cómplices de los organismos de investigación del Estado.

De hecho, es hacia estos últimos a  donde deberían dirigirse las reformas con el fin de hacerlos más eficientes, pero sobre todo más sanos, si realmente se quiere quebrarle el espinazo a esa enfermedad que mantiene al país en la pobreza y el subdesarrollo.

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