Si bien el señor Alcalde de Bucaramanga con satisfacción presidió el acto de postura de la primera piedra para la construcción del Viaducto de la carrera novena, que atinadamente se llamará Bicentenario, obra que es fundamental para la ciudad y allí expuso la necesidad de volver realidad tres nuevas obras de ingeniería que son básicas para el desarrollo de nuestra urbe, prudente es no olvidar una molestia que está amargando la vida de los bumangueses y que se comenta por doquier: el deficiente estado de la malla vial.

"Uribe (...) está profundamente frustrado con el continuo respaldo que Venezuela otorga a las Farc y por el fracaso de la comunidad internacional para hacer que Chávez asuma su responsabilidad en estos hechos", aseguró el diario.

En 1998 se posesionó como Presidente Andrés Pastrana. Recibió el país en medio de la más aguda crisis de  relaciones exteriores con E.U. por los frecuentes desencuentros y polémicas entre Washington y el presidente Ernesto Samper.

En pocas palabras, el proyecto que acaba de radicar en el Congreso el saliente ministro del Interior y de Justicia (irónicamente), que busca nada menos que trasladar la Fiscalía General de la Nación de la órbita de la Corte Suprema de Justicia a la del Presidente de la República, sumado a la intención de crear un Tribunal Especial para juzgar en segunda instancia a los congresistas, parece ser el intento final por conquistar las últimas parcelas que aún no ha podido tomarse la impunidad en Colombia.

Los habitantes de Floridablanca y más concretamente los de los barrios más afectados por el reciente cobro de valorización decretado por al Área Metropolitana para construir la Transversal de El Bosque, dieron el sábado pasado un ejemplo que debería ser  tenido en cuenta por la ciudadanía, pero sobre todo, considerado por las autoridades.

El más reciente episodio en las difíciles relaciones con Venezuela, dejó al descubierto otro muestrario de tareas no realizadas en materia de diplomacia por parte de Colombia. Y lo peor, es que lamentablemente sigue sin discutirse en el ámbito interno.

La espuma de los acontecimientos y los numerosos desencuentros que en el siglo XXI han sufrido las relaciones entre Colombia y Venezuela ha impedido escuchar a quienes con cabeza fría y lenguaje sereno han propuesto un necesario cambio de paso en las relaciones entre los dos países, luego de los varios rifirrafes que ha habido entre los Presidentes de ambas naciones, los llamados a consulta de los embajadores, las notas de protesta, el embargo económico y la ruptura de relaciones que actualmente estamos viviendo. Si no se les oye, solo queda la desgracia, es decir, el esquema de confrontación.

Anteayer, en desarrollo del más reciente desencuentro con el actual gobierno de Venezuela, el Fiscal General (e) de la Nación manifestó a los medios de comunicación y a la opinión pública que la administración  Uribe Vélez estaba estudiando la posibilidad de someter a conocimiento de la Corte Penal Internacional los hechos que en el sentir de Colombia son anómalos, pues ponen en evidencia la actitud complaciente del gobierno  de Caracas frente al uso que del territorio venezolano hacen los jefes de organizaciones guerrilleras colombianas que en forma recurrente cometen  actos de terror y mercadean estupefacientes.

Tal anuncio despertó el interés y la expectativa en diversos círculos nacionales y quedó en el ambiente la idea de que era una medida oportuna y adecuada. Fue en ese momento cuando afloró que para el colombiano del común ese Tribunal de Justicia funciona en forma semejante a como actúa  la  Justicia interna de un país.

Nada más equivocado que ello. Los requisitos que se deben llenar  para que un conjunto de crímenes sean conocidos por la Corte Penal Internacional, son muy exigentes.

Tal organismo de Justicia, que tiene asiento en La Haya, surgió a raíz del acuerdo aprobado el 17 de julio de 1998 en la Conferencia de Plenipotenciarios de la ONU reunida en Roma; tiene como antecedentes directos y más recientes a los juicios de Nuremberg y los juicios de Tokio y se dedica a investigar, juzgar y sancionar solo los crímenes de más grave trascendencia para la comunidad internacional. No es un escenario para dirimir disputas entre Estados.

Su competencia es complementaria de los sistemas de Justicia Penal de las diversas naciones y juzga a individuos, no a Estados, por los siguientes delitos graves: a) Genocidios perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso como tal. b) Crímenes de lesa humanidad cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. c) Crímenes de guerra que constituyan infracciones graves a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949. D) Crímenes de agresión.

Los casos más emblemáticos que ha investigado y juzgado son los crímenes internacionales ocurridos en la República Democrática del Congo, en  Uganda, en la República Centroafricana y en Sudán.

Ahora bien, si para algunos estudiosos tal Corte tiene competencia para investigar actividades terroristas y de tráfico de drogas alucinógenas, buena parte de los tratadistas e investigadores estima que no puede juzgar dichos delitos. Por eso la Corte Penal Internacional no ha adelantado proceso alguno por tales crímenes.

Así, no debe el país hacerse ilusiones sobre tal escenario ya que no es el apropiado para llevarle un altercado como en el que se encuentra actualmente Colombia con el impredecible y abusivo gobierno venezolano y es por esa razón que dichos anuncios no pasarán del ruido noticioso.