Para tal fin, el gobierno departamental pondrá a consideración de la Asamblea de Socios de la Corporación, la posibilidad de pedir la devolución de los activos del Departamento que actualmente hacen parte de Panachi.
“Debido a las irregularidades administrativas que se revelaron en el informe de auditoría de la Corporación, la administración departamental está contemplando la posibilidad de pedir la devolución de los activos de Santander que hacen parte de la Corporación Panachi. Sin embargo, es solo una posibilidad y la última palabra la tendrá la junta de asociados”, explicó el asesor jurídico de la Gobernación, Luis Alberto Flórez.
La administración departamental tiene calculado que a la fecha los activos de la Gobernación en Panachi superan los $140 mil millones.
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“En estos meses hemos recogido toda la información como: escrituras, contratos y certificados de egresos que nos permiten calcular que desde el 2004 a la fecha la Gobernación tiene activos superiores a los $140 mil millones”, aseveró Flórez.
La Gobernación convocó ayer a una reunión extraordinaria para debatir con los socios de la Corporación Panachi esta posibilidad.
“Ya se solicitó la programación de una junta extraordinaria con los demás socios miembros de la asamblea para que debatan la posibilidad de la devolución de los activos y definir cuál será el futuro de la dirección ejecutiva de la entidad para ver si se hace un concurso de méritos como se comprometió el Gobernador o si se ratifica a César Hernández”, agregó el jefe jurídico de la Gobernación.
Tan solo en el Ecoparque del Santísimo, el gobierno de Richard Aguilar invirtió más de $53 mil millones de los cuales $42 mil millones provenían de regalías. Así mismo, invirtió más de $7 mil millones en la construcción del Acuaparque de Panachi, gran parte de dichos recursos también producto de regalías.
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Corporación investigada
La Corporación Panachi es investigada por la Contraloría y la Procuraduría luego de conocerse presuntas irregularidades administrativas que se presentaban en la entidad.
Los entes de control indagan a las autoridades y particulares que estuvieron al frente de la Corporación, por presuntamente haber quebrantado las normas y procedimientos contractuales de los recursos públicos.
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