Bucaramanga.
Sorpresa por traslado a San Gil proceso contra exdirectora de la CAS
El Juzgado Primero Penal de San Gil es el nuevo encargado de impartir justicia en el proceso judicial que adelanta la Fiscalía contra la exdirectora de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, Flor María Rangel, quien es sindicada de haber cometido el delito de peculado por apropiación y contratación sin cumplir el lleno de los requisitos legales.
Aunque el proceso en contra de la exdirectora de la Corporación se había venido realizando en el Palacio de Justicia de Bucaramanga, éste sorpresivamente fue trasladado a la jurisdicción de la justicia guanentina.
Situación similar
A pesar de que el cambio de jurisdicción en el proceso contra Flor María Rangel fue repentino e inusual, no es la primera vez que sucede algo parecido dentro de esta diligencia judicial.
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Semanas atrás, los procesos contra Héctor Murillo, ex director de la CAS, y Óscar Pereira, ex subdirector de gestión ambiental de la CAS y cuñado de Mónica Barrera, (esposa del exgobernador Hugo Aguilar), quienes también están siendo procesados dentro de este caso de corrupción en la corporación ambiental, también pasaron de ser juzgados en Bucaramanga a ser procesados en la capital de la provincia guanentina.
Suspensión de audiencia
En la primera audiencia en San Gil en contra de la exdirectora de la CAS, el juez Primero Penal de este municipio decidió acoger la solicitud de la defensa de Flor María Rangel y suspender la audiencia judicial.
La nueva audiencia tendrá lugar el miércoles 10 de mayo a las 3:00 de la tarde en el Palacio de Justicia de San Gil.
Los cargos
La Fiscalía le imputó a Flor María Rangel el delito de peculado por apropiación y contratación sin cumplir el lleno de los requisitos legales, de un contrato suscrito con la Unión Temporal Barrancabermeja en 2011, por $3.400 millones con el fin de reforestar y aislar varios predios considerados estratégicos en términos ambientales.
Del mismo modo, el ente acusador le imputa a Rangel el delito de falsa denuncia así como destrucción y supresión de documentos públicos, ya que al parecer habría adulterado un certificado de egresos con el cual se ordenó el pago del 40% del valor del contrato a la Unión Temporal Barrancabermeja.
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“Las evidencias que posee la Fiscalía demostrarían que las pruebas documentales que la comprometen a ella, a través de una coartada, quisieron ser objeto de ocultación a la Fiscalía mediante una denuncia puesta ante las autoridades judiciales, sosteniendo que eran falsas algunas pruebas documentales. Las evidencias de la Fiscalía acreditan todo lo contrario y se trata de un oprobioso, un grave caso de corrupción pública que la Fiscalía no va a tolerar tratándose también de las corporaciones autónomas”, indicó el fiscal general, Néstor Martínez, al momento de la captura de Flor María Rangel en el mes de diciembre.
Actualmente la exdirectora de la CAS se encuentra privada de la libertad en la cárcel de mujeres el Buen Pastor en Bucaramanga. Desde allí tendrá que ser trasladada para cumplir en las audiencias judiciales en su contra en San Gil.
El contrato
Por haber encontrado hallazgos de daños fiscales, la Contraloría General de la República en el 2014 le imputó responsabilidad fiscal a la exdirectora de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, y al exidrector de esa entidad Héctor Murillo, por la ejecución, presuntamente irregular del contrato firmado por la Corporación con la Unión Temporal Barrancabermeja por más de $3.400 millones.
Pese a que dicho contrato se suscribió en septiembre de 2011 con ocho meses de plazo de ejecución, tres años después no solo no se había concluido, sino que había tenido varias suspensiones y prórrogas, esto con el agravante de que se había girado el 90% de los recursos, equivalentes a $3.075 millones, sin que se hubiera ejecutado al menos el 50% del objeto.