Colombia
Exigen claridad sobre colapso de represa en Santander
Luego de un año del colapso de la Represa El Batán que dejó a 100 familias damnificadas del municipio de Chipatá, la vereda Batán y Centro de la provincia de Vélez, aún no se sabe con claridad qué fue lo que sucedió y quiénes son los responsables del siniestro.
Mónica Monsalve, gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander Esant, les informó a los veleños en una sesión descentralizada con los diputados de Santander, que la aclaración se encuentra en proceso administrativo.
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“El informe fue entregado el 12 de junio; sin embargo, estamos esperando el traslado y la notificación de la terminación de las fases y que los involucrados en el proceso puedan ejercer sus derechos de contra versión. Una vez se culmine este proceso, podremos informar de manera oficial qué fue lo que realmente pasó y qué posibilidades existen de recuperar la zona, la plata o si se puede volver a ejecutar la obra”.
Según informó la gerente, el informe será notificado a la Fiscalía, Contraloría, y Procuraduría, para que se hagan las respectivas investigaciones a las que haya lugar y que los responsables reciban las sanciones.
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El Diputado Luis Roberto Schmalbach Cruz del Polo Democrático, recordó que existió un Control de Advertencia hecho por la Contraloría General de Santander, pero el gobernador de la época no lo tuvo en cuenta.
“Se pasó por encima de los conceptos de los entes de control y se hizo la contratación de esa represa con las consecuencias que hoy estamos viviendo”, denunció.
Faltó planeación
Con relación a la demora en la ejecución del proyecto de construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que aunque actualmente se encuentra en obra, la comunidad está insatisfecha por falta de planeación, se aseguró también que existen irregularidades.
“Se van a tener que invertir más de $1.500 millones para retirar esos escombros y muros que se hicieron y no funcionaron. Por eso la preocupación, porque existieron los recursos para ejecutar una obra que le diera solución a la necesidades de esta región y hoy no contamos con ella”, indicó el diputado Luis Eduardo Díaz Mateus, del Partido Consevador.
Y ante las denuncias relacionadas con sobrecostos en la obra, la gerente de la Esant afirmó que recibieron una queja del movimiento ‘Vélez Quinientos años’, en la cual aseguran que hay sobrecostos en tuberías por valor de $2 mil millones. “Pasamos la queja a la Contraloría, la cual hizo una visita a la obra y presentó un reporte preliminar, que revisaremos y así determinar si hubo o no sobrecostos en la contratación que se hizo en el 2015”, dijo.
Por su parte, el Diputado Óscar Sanmiguel del partido de La U, recalcó que existe responsabilidad tanto de los contratistas como de los interventores y de la empresa Esant a cargo del proyecto que inició su ejecución en 2016. “Aquí se ha dicho que los contratistas se robaron la plata (…) y ¿quiénes están a cargo entonces de supervisar?, ¿quiénes pagan las cuentas y la interventoría? Ellos también deben responder”, al asegurar que no se puede estar echando culpas sin presentar soluciones reales.
Dificultades técnicas
Para el diputado Díaz Mateus, las obras del hospital son otro dolor de cabeza para la población.
“Se conoció que reiniciaron la obra de la clínica Materno Infantil y otras de infraestructura por un valor de $2.600 millones, de un contrato de hace 4 años, el cual tendrán que terminar dentro de cuatro o cinco meses máximo, para no tener consecuencias penales para los contratistas”, sostuvo.
Los atrasos en las obras que en el momento van en un avance del 35%, se deben a que el año pasado se destinó para reformular el proyecto incluyendo las sugerencias que hizo la UIS en su estudio de remoción de masa, así como otras solicitudes técnicas que se presentaron al Ministerio de Infraestructura, que hasta el mes de diciembre fueron avaladas.
“Es cierto que se han presentado algunas dificultades técnicas en la ejecución, las cuales se le han planteado al contratista para que se busquen las soluciones o tendrá que asumir la responsabilidad y las multas que le puede imponer la entidad por el atraso en la ejecución de este proyecto, así como por temas de seguridad industrial”, anoto Monsalve.
Los diputados le aseguraron a la comunidad que van a acompañar cada uno de estos procesos para que se ejecuten a cabalidad y no se pierda la plata.
“Vamos a denunciar ante los medios de comunicación y ante la Procuraduría a los responsables”, reiteró el diputado Mario Antonio Cárdenas del Centro Democrático, al solicitar a la Esant que exponga cuanto antes los resultados de las investigaciones y el peritaje que se adelanta a las obras ejecutadas.
En ese mismo sentido se refirieron los diputados Luis Tulio Tamayo y Jesús Villar Torres, quienes aseguraron que –sobre la ejecución de estas obras de gran cuantía- se deben recuperar los recursos y cumplirles a los veleños.
VÍAS SECUNDARIAS
Con relación a las vías secundarias en la provincia de Vélez, se están invirtiendo aproximadamente $93 mil millones para el sector de Puente Nacional a Jesús María, La Belleza, La Venta; Puente Nacional a Guapatá- Vélez, Chipatá, La Paz y Santa Helena, Mirabuenos. Son obras que van en el 80% de construcción, según lo dio a conocer Hugo Rodríguez, gerente del Contrato Plan de Santander.
“La comunidad conoció el avance de las obras en puntos críticos en puentes y pavimentación de las vías, así como la gestión del Gobernador de Santander para conseguir recursos importantes para cuatro puentes entre Puente Nacional, Jesús María y La Belleza, por el orden de $8.375 millones para seguir aumentando la meta del pavimento en este sector vial llamado ‘Folclor y El Bocadillo’”.
El diputado Mario Cárdenas informó que en una conversación con el director regional de Invías César Moreno, se cuentan con $4.500 millones para la transversal del Carare. “Estaremos pendientes de que esos recursos se ejecuten como debe ser y el pueblo de Vélez puede estar seguro de que vamos a acompañar todos estos proyectos pendientes porque la Asamblea representa al pueblo en la lucha de los derechos y la defensa de los recursos públicos. Vamos a estar vigilando a los contratistas corruptos que no dan la cara”.