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Domingo 16 de Julio de 2017 - 12:01 AM

Diálogo, la salida del Gobierno para frenar consultas populares

EL Gobierno Nacional por medio del diálogo con los gobiernos locales y la comunidad, busca ponerle fin al auge de las consultas populares que se registran en el país.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL
Gobierno Nacional busca ponerle freno a las consultas populares que se vienen adelantando en contra de la minería.
(Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL)

Cinco consultas populares en menos de un año, con victoria del no, y por lo menos otras 20 iniciativas que estarían en carpeta, tienen en alerta al Gobierno Nacional y a los sectores de minas e hidrocarburos por el mal mensaje que se está enviando a los inversionistas y los efectos económicos que esto podría traer.

Y es que no es para menos. De seguir prosperando los resultados negativos de este mecanismo de participación, la economía del país se podría ver afectada más de lo que ya se encuentra, en medio del proceso de desaceleración que se evidenció en el primer trimestre del año, donde el Producto Interno Bruto apenas se ubicó en el 1,1 %, y con un pronóstico desalentador de 2% para 2017.

Por eso, cambiar la metodología para llegarles a las comunidades y lograr frenar esta ola de consultas populares sería un primer paso para cambiar los resultados y para impedir que se siga promoviendo este tipo de consultas, que impidan el desarrollo de actividades económicas en algunos municipios del país.

Gran parte de esta responsabilidad recae, principalmente, sobre el Gobierno Nacional, y son las instituciones las que tienen que empezar a aparecer en las regiones para explicar y hacer un diálogo nutrido, con los argumentos necesarios y bien fundamentados, y convencer a la población de que estos territorios deben aceptar una minería bien hecha.

Inclusive, desde Dejusticia también han solicitado que la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos elijan las áreas estratégicas ricas en minerales y petróleo, donde se deberían ofertar títulos, y contrastarla con las zonas donde está prohibida la minería y luego concertar con las autoridades municipales, para que estos puedan opinar.

“Mediante audiencias, los municipios pueden contarle al Gobierno por qué sí o por qué no es importante hacer o no minería. Ahí harían la concertación y luego saldrían a ofrecer los títulos, teniendo en cuenta dos factores esenciales: las zonas donde se puede o no se puede hacer minería y luego ofertando los títulos aplicando el principio de mejor postor”, dijo Diana Rodríguez, investigadora principal y coordinadora de la línea ambiental en Dejusticia.

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¿Qué dice el gobierno?

El ministro de Minas, Germán Arce, fue enfático en afirmar que existe una preocupación por la proliferación de las consultas populares, pero que realmente ellos no están en contra del mecanismo de participación, sino de la forma como se ha venido utilizando en algunos municipios, que incluso no tienen gran potencial dentro de la minería en el país.

Arce aseveró que el planteamiento que están haciendo es en precisar algunos vacíos normativos, “esa es una prioridad en la que estamos trabajando”, y otro de los problemas de esta discusión es que se están haciendo consultas populares “donde ni siquiera hay solicitudes de títulos, sitios donde no hemos llevado este diálogo”.

El jefe de la cartera de Minas aseguró que el diálogo se tiene que convertir en el instrumento principal dentro de este proceso, y eso se ha comprobado con los resultados que han encontrado las diferentes entidades estatales, porque aunque van siete consultas que le han negado la posibilidad a la minería y a los hidrocarburos, 91 municipios han logrado concertaciones para el desarrollo de las actividades.

“Lo que nosotros estamos diciendo es que siete municipios han dicho que no, pero son municipios que no son mineros, que hoy no producen hidrocarburos y minería de manera importante, pero hay otros, en este ejercicio que hemos hecho por petición de la Corte Constitucional, para atender y concertar, donde tenemos 91 acuerdos firmados”, señaló Arce.

Para Silvana Habib Daza, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, ANM, los mecanismos de participación ciudadana se deben respetar, pero se tienen que hacer efectivos con una buena información. Por eso, desde el año pasado empezaron una estrategia de llegar a los territorios para informar sobre el sector y concertar con las comunidades.

De ese trabajo, que calificó como “exitoso”, es que se han logrado las 91 concertaciones con los municipios de 20 departamentos del país, en temas como acero, carbón, esmeraldas, hierro, materiales para construcción, oro, otros materiales preciosos y uranio.

“¿Cómo lo hacemos? Empezamos unas reuniones con el alcalde, con los gerentes de planeación, hacemos un estudio del plan de ordenamiento territorial, obviamente le hacemos en el catastro minero las zonas constituidas para la minería y, luego de eso, cuando tienen títulos mineros solamente se pueden llegar a explotar cuando la autoridad ambiental da la licencia”, explicó Habib Daza.

Hasta ahora se han realizado en el país siete consultas populares relacionadas con estos sectores y solo este año van cinco.

Santander concertado

Según las cifras oficiales, Santander es una de las regiones del país donde el Gobierno Nacional ha logrado una mayor concertación para la explotación minera.

Así las cosas los municipios de las provincia de Soto Norte: Vetas, Tona, California, Suratá, Matanza, Charta; además de Cimitarra, en la provincia de Vélez, le dieron el sí a la explotación minera en sus territorios.

Actualmente, hay 1.127 títulos en exploración, 1.014 en construcción y montaje y 6.725 en explotación.

El 40 % de los títulos pertenece a materiales de construcción, 22 % a oro y metales preciosos, 18 % otros materiales, 16 % a carbón y 4 % a esmeraldas.

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