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Domingo 20 de Agosto de 2017 - 12:01 AM

Pérdida de ética, causa de la crisis en las instituciones

Para los expertos, la falta de ética en el sector público ha generado la crisis de corrupción en las instituciones que ya ha salpicado a congresistas, funcionarios y hasta magistrados.
Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL.
Luis Gustavo Moreno, exfiscal Anticorrupción.
(Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL.)
Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL.
Magistrado Francisco Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
(Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL.)
Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL.
Magistrado Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
(Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL.)

Esta semana, el país se estremeció nuevamente con otro escándalo de corrupción. En esta oportunidad, la involucrada es una de las instituciones más importantes del país: la Corte Suprema de Justicia, esto luego de que tres expresidentes de ese tribunal se vieran salpicados en asuntos relacionados con la aparente venta de sus fallos, todo para supuestamente beneficiar a congresistas, quienes tenían investigaciones en esta corporación.

Hoy, los exmagistrados y expresidentes en líos son Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, quienes han sido el centro del debate durante los últimos días en las redes sociales y en diferentes medios de comunicación.

Según Jorge Kenneth Burbano, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, esta es una crisis bastante aguda en el sentido de que mina la credibilidad de la sociedad en sus jueces. “Cuando las personas no confían en la honorabilidad de sus jueces se está quebrantando la democracia y el sistema de confianza que hay frente a las instituciones de justicia, este es un problema bastante grave”, asegura el jurista.

Con él concuerda el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien indica que esta crisis viene desde hace varios años y lo relaciona con el vínculo que ha tenido la administración de justicia con la política.

“Tenemos que replantear la manera como son elegidos tanto los magistrados, como el Procurador, el Fiscal, el Contralor, entre otros”.

Reforma a la justicia

Luego de que estallara este escándalo de corrupción, la propuesta de una reforma a la justicia volvió a revivir. Para algunos expertos, este sería el mejor escenario para contrarrestar la crisis que se vive y para solventar los daños que ha generado la poca credibilidad de los ciudadanos por sus instituciones.

Burbano cree que la reforma que se debe imponer no solo debe atacar los problemas de corrupción, sino también aquellos que enfrenta la administración de justicia.

“No podemos plantear reformas a la justicia circunstanciales, como por ejemplo propuestas que se hagan en campaña política, de aspiración presidencial o Congreso”.

Con esta postura concuerda Juan Carlos Forero, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, quien asegura que una posible reforma no debe ser planteada en medio del debate electoral.

“Sí es necesaria una reforma a la justicia, se necesita una bien pensada y estructurada, pero esta no puede ser un ‘Fast Track’, porque de esa forma no puede salir bien”, señala Forero.

Sin embargo, para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia y director del departamento de Derecho Penal de la Universidad Javeriana, Augusto Ibáñez, la solución para este problema no radica en una reforma, sino en hacer cumplir la normativa vigente.

“Para qué buscamos reformas si siguen las cosas igual, hemos hecho tantas reformas que es otra Constitución y no hemos avanzado en nada”.

Falta de ética

Por otro lado, los expertos concuerdan en que desde hace unos años el país ha visto como se ha descompuesto la ética y la moralidad de los funcionarios.

Para Ibáñez, esta es una de las principales causas para que se cometan delitos y no es un problema inherente a los altos funcionarios, sino de la sociedad en general. “El problema ético no es un problema de normas ni de reformas, es un tema que tiene que ver con la sociedad”.

Hernández concuerda con esta posición: “En el país se han perdido los principios y los valores, no hay un concepto de moralidad que debería imperar en el ejercicio de todo cargo”.

Finalmente, para los juristas, la academia debe cumplir una labor importante en la formación de sus estudiantes y la ética debe ser un elemento fundamental para contrarrestar estos casos de descomposición profesional de los funcionarios de las instituciones del país.

“Hay que seguir insistiendo, sobre todo, en la formación de los nuevos abogados, en la importancia que tiene la ética, la decencia y el decoro profesional. Con estas cosas tratamos de salvaguardar en algo lo que queda de la imagen de la justicia”, opina Burbano.

Crisis en las instituciones

Esta crisis, que no solo vive la justicia, viene escandalizando al país desde hace un tiempo. Hace un año, el turno fue para la Corte Constitucional con el caso del magistrado Jorge Ignacio Pretelt y su presunta participación en el escándalo de Fidupetrol.

Y hace tan solo unas semanas, se conoció la captura del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien presuntamente habría recibido dineros del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para beneficiarlo en una investigación que se le adelanta por un desfalco a las regalías del departamento.

Este último caso fue el que permitió descubrir el entramado de corrupción que, al parecer, llegó hasta la Corte Suprema, donde esta semana se vieron involucrados los tres expresidentes de la alta corporación.

Frente a todo esto, José Gregorio Hernández resalta que con este caso se deshonra la reputación de la Corte Suprema y queda confirmado que la crisis institucional “es todavía más profunda de lo que pensábamos”, entrando en una etapa de oscuridad institucional de la cual va a ser muy difícil salir.

“Lo cierto es que desde hace tiempo nuestras instituciones no están operando y los órganos competentes del país descubren las irregularidades y los delitos, no por su propia actividad sino por las investigaciones que adelantan organismos estadounidenses y las pruebas que suministran, como pasó con el exfiscal Moreno y ahora ocurre con los exmagistrados de la Corte”, señala Hernández.

La función de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes es también centro de la propuesta de la eventual reforma, porque después de tantos años no ha sido efectiva en avanzar y dar solución a los procesos de investigación, que en su gran mayoría terminan archivados.

“La Comisión de Acusación no ha dado los resultados satisfactorios frente a graves hechos atribuibles a altos dignatarios en el país”, indica Burbano.

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