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Viernes 01 de Septiembre de 2017 - 12:01 AM

Auditoría advierte falencias en la Contraloría de Bucaramanga

En pesquisas sobre denuncias anónimas, la Auditoría General concluyó que existen indicios de irregularidades en las actuaciones de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
Archivo. / VANGUARDIA LIBERAL.
La Auditoría General advirtió que todos los hallazgos de irregularidades encontrados en la Contraloría de Bucaramanga fueron trasladados a la Procuraduría y Fiscalía.
(Foto: Archivo. / VANGUARDIA LIBERAL.)

La Auditoría General de la República seccional Santander advirtió sobre nuevas posibles irregularidades en los procesos de control fiscal que adelanta la Contraloría de Bucaramanga, actualmente dirigida por Jorge Gómez Villamizar.

Vanguardia Liberal tuvo acceso a tres fallos emitidos el pasado mes de agosto por la Auditoría General, en respuesta a varias denuncias anónimas que advertían sobre posibles inconsistencias en las auditorías y el control fiscal que se adelanta en la Contraloría del municipio.

Deficiencias en el control

Según la Auditoría, la Contraloría de Bucaramanga tiene como práctica común el retiro de observaciones en el 46% de las auditorías regulares, exprés y especiales realizadas con corte a 26 de junio de 2017, evidenciando deficiencias en la práctica de control fiscal que adelanta la entidad.

Esto, en respuesta a las denuncias que advertían sobre supuestas presiones por parte del Contralor y el Jefe de Vigilancia Fiscal hacia el equipo auditor de la Contraloría para cambiar los informes fiscales que afectarían a los amigos cercanos a Gómez Villamizar. Específicamente la denuncia se remite a un proceso con hallazgos fiscal contra el expresidente del Concejo, el liberal Henry Gamboa, quien no habría pagado la ARL a contratistas en el 2016.

“Efectivamente en la Auditoría Regular realizada en el Concejo municipal, se presentó retiro de observaciones de 16 a 6, sin que las motivaciones expresas en los documentos de la misma auditoría fueran muy precisas, de manera particular en la ausencia de afiliación a ARL en dos contratos”, dicta el documento.

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Archivos selectivos

En el mismo sentido, la Auditoría General concluyó en la revisión que existen falencias en la forma como la Contraloría archivó dos de los tres procesos de responsabilidad fiscal que adelantaba contra Óscar Uriel Arrieta por las presuntas irregularidades en el contrato para la recolección de basuras firmado entre al Emab y Proactiva, contrato que tuvo hallazgos fiscales superiores a los $364 millones.

“De acuerdo con los hechos denunciados se observan presuntas conductas de tipo disciplinario y penal, por lo que se realizó el traslado a las autoridades competentes: Procuraduría Regional de Santander y dirección seccional de Fiscalías de Bucaramanga el 10 de junio de 2017”, dicta la Auditoría General.

Omisión de control

Por último, la Auditoría General seccional Santander sostiene que al parecer el contralor municipal, Jorge Gómez Villamizar, habría incumplido en la aplicación del control de legalidad y por lo tanto dio traslado de los hallazgos a la Procuraduría Regional para su respectiva revisión.

“El contralor municipal Jorge Gómez Villamizar habría incumplido el deber en cuanto se refiere al control de legalidad en el control fiscal y por ende en los ejercicios auditores. Por tanto, la denuncia será trasladada a la Procuraduría y Fiscalía para su valorización”, dicta el documento.

Advertencias del ministerio

La semana pasada el Ministerio de Hacienda había reiterado las advertencias por las posibles inconsistencias que se registran en las transferencias que le realiza el municipio a la Contraloría por considerar que continúan excediendo los límites de gastos.

“Los gastos de la Contraloría excedieron los límites permitidos, situación que ha sido recurrente en los últimos años”, puntualiza el informe del Ministerio.

Esto, por cuenta de los $1.500 millones que el ente de control fiscal municipal recibió adicionales a su presupuesto en el 2015, último año del gobierno de Luis Francisco Bohórquez, sin que hasta ahora se haya justificado la transferencia, pero que sigue en el presupuesto de la Contraloría.

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