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Domingo 03 de Septiembre de 2017 - 12:01 AM

Uribismo demandó al Estado ante CIDH por desacatar el plebiscito

Sin importar que ya la Farc son partido político y que sigue la reglamentación, el Centro Democrático insiste, ahora en instancias internacionales, para que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cumpla el resultado del plebiscito del 2 octubre del año pasado cuando se negaron los acuerdos a los que se llegó con esa exguerrilla.
Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL
El senador del Centro Democrático, Fernando Araújo, demandó al Estado colombiano ante la Corte Internacional por considerar que se ha desacatado la voluntad del pueblo.
(Foto: Colprensa / VANGUARDIA LIBERAL)

En tal sentido radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una denuncia contra el Estado colombiano por desacatar el resultado del plebiscito sobre el acuerdo, bajo el sustento que ni el Gobierno, ni el Congreso, ni la Corte Constitucional respetaron la voluntad soberana del pueblo.

De acuerdo con el senador uribista, Fernando Araújo, “el actual Gobierno debió someter a un mecanismo de refrendación popular lo que consideraron un ‘nuevo’ acuerdo con las Farc, pero que en realidad mantuvo sin modificaciones los puntos que llevaron a los ciudadanos a votar No”.

El senador del Centro Democrático complementó recordando que el presidente Santos “repitió mil veces” que la última palabra la tenía el pueblo colombiano: “le pedimos incansablemente que no sometiera todo el acuerdo en bloque. El resultado fue que el pueblo se pronunció, se opuso a la impunidad del acuerdo y Santos salió corriendo a imponer el acuerdo maquillado y bajo una falsa refrendación en el Congreso de la República”, sostuvo.

Las peticiones

En la reclamación ante la CIDH los uribistas plantean que se ordene la suspensión de los efectos políticos de la actuación del Congreso de la República, por medio de la cual realizó una refrendación, que consideran es violatoria de la voluntad expresada por los colombianos en las urnas.

También, propone una serie de medidas cautelares como frenar la implementación del acuerdo mientras tanto no se realice la refrendación popular.

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