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Jueves 28 de Septiembre de 2017 - 09:56 AM

Investigan presunto daño fiscal por $2.838 millones en el Empas

La Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por más de $2.838 millones de pesos, aparentemente comprometidos en irregularidades evidenciadas en la construcción del edificio administrativo de la Empas.
Suministrada /VANGUARDIA LIBERAL
Empas deberá responder por irregularidades por $2.838 millones: Contraloría
(Foto: Suministrada /VANGUARDIA LIBERAL)

Según el ente de control fiscal la obra presentó irregularidades técnicas en su parte estructural, lo que en criterio del Contralor constituye una grave violación a las normas de sismo resistencia, en particular la de 2010, además -dice- de la norma urbana 14-051NU, establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga.

El estudio realizado por el ente de control fiscal se relaciona con el contrato de obra suscrito entre la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. – Empas con la Unión Temporal Edificio Administrativo 2015, y cuya cuantía inicial superó los 5 mil millones de pesos, para “la construcción de estructura, elementos no estructurales e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas del edificio administrativo de la Empas”.

Los detalles del contrato permiten observar cómo lo pactado estipulaba la construcción de un edificio de 9 pisos, con climatización natural y sistemas de iluminación y ventilación también naturales, siendo el plazo para ejecutarla 7 meses contados a partir del 13 de julio de 2015.

Las preocupaciones del ente de control fiscal acerca de la sismo resistencia radican en la falta de seguimiento además de una fallida supervisión al avance de la obra, lo que llevó a “graves irregularidades evidenciadas” y que según la entidad provocaron un detrimento patrimonial por más de 2838 millones de pesos.

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De los informes entregados por los profesionales de la EMPAS se pudo establecer que “las especificaciones técnicas y arquitectónicas inicialmente contempladas fueron cambiadas, sin que el contratista, así como tampoco el interventor ni el supervisor de la obra lo impidieran”, precisa la entidad.

Frente a dichos cambios, los documentos técnicos de justificación confirman el incumplimiento de la norma sismo resistente de 2010, así como las irregularidades técnicas presentadas en la estructura del edificio administrativo, todavía en construcción. Estas manifestaciones fueron evidenciadas y sustentadas en informes elaborados por los ingenieros Juan Carlos Reatiga y Fredy Rolando Morantes Perico, ingenieros de la misma Empas.

Posibles responsables

Los informes entregados por la Contraloría Delegada señalan como posibles responsables del mencionado detrimento patrimonial a los miembros de la Unión Temporal Edificio Administrativo 2015, representada legalmente por Jesús Pedro Nel Serrano Meneses, quien suscribió el contrato. También estaría involucrado otro miembro de la Unión Temporal, en calidad de contratista. Se trata de Roberto Enrique Rodríguez Ruiz, quienes tendrán que responder con su propio patrimonio por los más de 2838 millones que recibieron en pago de la obra.

De la misma manera, la Contraloría evalúa la responsabilidad de la firma interventora del contrato, Consorcio Interventor RCG Santander, como del ingeniero a cargo de la supervisión del contrato, Jorge Alberto González Soto, quienes habrían permitido el incumplimiento por parte del contratista, afectando la construcción de la estructura.

El Consorcio Interventor RCG Santander debía llevar a cabo el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental, sobre el cumplimiento del contrato N° 2498, a partir de su conocimiento especializado y respondiendo a los requerimientos técnicos del Manual de Interventoría de la Empas”, precisa el documento revelado por la Contraloría General.

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“La conducta de los miembros del consorcio contratista, así como la de los miembros del consorcio a cargo de la interventoría y la del supervisor del contrato, llevó a un manejo inadecuado de los recursos públicos, incurriendo en una gestión ineficiente, ineficaz y antieconómica, que en últimas condujo a que la obra se paralizara por el riesgo en la infraestructura construida, afectando su estabilidad, y llevando en consecuencia a la pérdida de más de 2838 millones de pesos”, precisó la Contraloría.

La “gravedad”, como calificó el ente de control fiscal este tema, obligó a que este caso fuera puesto en conocimiento tanto de la Procuraduría General de la Nación como de la Fiscalía General de la Nación, para que dichas entidades adelanten las investigaciones pertinentes.

Datos

El Consorcio Interventor RCG Santander estuvo conformado por Rutbel Arley Rueda Rodríguez, quien suscribió el Contrato de Interventoría de la obra en su condición de representante legal del consorcio, así como por Luis Alberto Cayachoa García y Siervo Antonio Gallo Rey.

El ingeniero Jorge Alberto González Soto, quien estuvo a cargo de la supervisión del contrato, debía llevar a cabo la supervisión técnica, administrativa y financiera del proyecto, y asegurar el cumplimiento de los términos de referencia, del manual de especificaciones y de la norma vigente.

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