Jueves 05 de Abril de 2018 - 12:01 AM

Hay hallazgos fiscales por $5.711 millones en la CAS

En auditoría financiera, la Contraloría General consideró que los recursos destinados a obras derivadas de la ola invernal del 2010 no se destinaron de manera correcta.
Archivo / VANGUARDIA LIBERAL.
La Contraloría General además cuestionó la falta de operación de la oficina de Control Interno de la CAS para la prevención de las irregularidades contractuales en la entidad.
(Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL.)

En auditoría financiera, la Contraloría General encontró hallazgos fiscales por $5.711 millones en la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, por las inconclusas obras del jarillón que debía proteger de inundaciones a los pobladores de varias veredas del municipio de Sabana de Torres.

Dicho proyecto fue financiado con recursos procedentes del Fondo Nacional de Calamidades, hoy Fondo Nacional de Gestión del Riesgo.

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“El estado de la obra, además de afectar el patrimonio público, deja sin protección a las veredas Barranco, Colorado, Cerrito, Magará, Caño Peruétano, Aguas Negras y Las Lajas, que habían sido afectadas por el fenómeno de la Niña en la ola invernal 2010-2011, y no contarán con un jarillón idóneo que proteja, además de su vida y bienes, también sus sistemas de acueducto y alcantarillado”, aseveró la Contraloría General.

Las inconsistencias

Según el informe auditor, la obra fue contratada por la CAS en el año 2011, bajo la dirección de Héctor Murillo, con la firma General de Ingeniería de Santander, Geingsa SAS, empresa a la cual la Corporación le desembolsó los $5.711 millones.

El órgano de control estimó además que la administración de la CAS adoptó una decisión incorrecta al modificar las condiciones inicialmente contempladas en la formulación de este proyecto, lo que terminó en obras inconclusas y suspendidas, que no cumplieron con el objeto del contrato.

“Al verificar los soportes documentales de dicho contrato (004-0726 de 2011, la Contraloría consideró que se presentaron deficiencias en su ejecución, así como en el seguimiento y evaluación realizado por la interventoría”.

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Fallo de responsabilidad

En otro proceso, la Contraloría General emitió fallo de responsabilidad fiscal por $670 millones contra exdirectivos de la CAS, por irregularidades en un contrato de reforestación suscrito por la Corporación, para la reforestación y mantenimiento de plantaciones de caucho y bosques en Barrancabermeja, por un valor superior a los $3 mil millones.

“La falta de planeación, incumplimiento del principio de selección objetiva del contratista y pagos sin cumplimiento de requisitos ocasionaron una pérdida del 90% del valor del contrato”, indicó la Contraloría.

El monto total de la condena fue de $670 millones, suma por la que están llamados a responder los exdirectores de la CAS: Elberth Ardila, Flor María Rangel y Héctor Murillo, así como el Subdirector de Gestión Ambiental, Óscar Pereira.

“Si bien la cuantía del daño era superior a los $3 mil millones, la parte correspondiente a los contratistas (cercana a los $2.500 millones) fue recuperada, gracias a la vinculación al proceso de las compañías aseguradoras que servían como garantes de los mismos”, aclaró la Contraloría.

Precisamente los cuatro exdirectivos de la Corporación se encuentran desde hace 15 meses privados de la libertad afrontando un proceso penal por este mismo contrato.

Desorden administrativo

Además de los hallazgos fiscales, la CAS se rajó en todas las evaluaciones que le hizo la Contraloría en desarrollo del proceso auditor: estados contables, control interno financiero y ejecución presupuestal.

“La Contraloría determinó también que los Estados Contables de la CAS no presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2016 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación”, se lee en el informe.

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