Viernes 22 de Junio de 2018 - 12:01 AM

Así operan las redes de compra de votos en el país

La Fiscalía puso al descubierto la forma como en varias regiones de Colombia operan las redes de compra de votos y cómo funcionaron en las pasadas elecciones legislativas.

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer los primeros resultados de las investigaciones por corrupción electoral en las pasadas elecciones legislativas del 11 de marzo.

Dentro de las revelaciones, el ente acusador develó las distintas modalidades de corrupción electoral que van desde la compra de votos, constreñimiento al elector y presiones a contratistas, hasta la conformación de empresas al servicio de campañas políticas para corromper al electorado.

‘Casa Blanca’ de corrupción

En el reporte, la Fiscalía presentó la segunda fase de la “Operación Casa Blanca” en la que desentrañó una red de compra de votos para favorecer a la candidata al Senado Aída Merlano, en Barranquilla y otras ciudades del Atlántico.

“La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas”, señaló el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez.

Durante la Fase I de la operación “Casa Blanca”, fueron capturadas en flagrancia cinco personas a quienes se les imputó inicialmente el delito de corrupción al sufragante y posteriormente el delito de concierto para delinquir agravado.

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Con base en el recaudo probatorio de la Fase II, el próximo 30 de julio la Fiscalía intentará imputarles cargos a siete personas más.

Además el fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio en calidad de indiciados a los empresarios Julio Gerlein y Mauricio Gerlein, por su presunta participación en esta organización y el financiamiento electoral.

Compra de votos en Ciénaga

Así mismo, la Fiscalía reportó un segundo caso de corrupción donde se configuraría la compra de votos al Senado en Ciénaga, Magdalena, donde el día de las elecciones las autoridades capturaron a Sergio Andrés Lora, quien portaba cerca de $7 millones, un aparente listado de votantes y propaganda política alusiva al candidato al Senado Fabián Castillo, actual Representante a la Cámara.

Por este hecho, la Fiscalía le imputará cargos a Sergio Andrés Lora y Edgardo Pérez, alcalde de Ciénaga, por tráfico de influencias.

Jurados a dedo en Soledad

Un tercer caso de delitos electores en el Caribe colombiano habría tenido lugar en Soledad, Atlántico, donde en las pasadas elecciones de Congreso se denunció una presunta alteración en el procedimiento de selección de jurados de votación.

“Según estableció el fiscal de conocimiento, la Registraduría especial de Soledad envió a la señora Sheyla Ali Barrios, quien figuraba en el directorio de un partido político para anteriores comicios, sin previa verificación, el código de acceso para cargar al sistema los nombres de los candidatos a jurado de votación en ese municipio. La señora Barrios inscribió 1.370 aspirantes a ser jurados, de los cuales resultaron elegidos 1.107”, señaló el fiscal Martínez.

La Fiscalía radicó ante un juez de garantías la solicitud de imputación contra: Marbe Luz Pizarro, coordinadora de asuntos electorales de Soledad; Édgar Lubo, registrador especial de Soledad, y Sheyla Ali Barrios.

Subsidios, por votos en Medellín

En el marco de las investigaciones a las elecciones del pasado 11 de marzo, la Fiscalía reveló cómo la campaña de Margarita Restrepo, candidata a la Cámara de Representantes reelegida al Congreso ofreció a sus votantes viajes a San Andrés Islas por un valor de $120 mil, tabletas a $30 mil y televisores de 49 pulgadas a $350 mil, siempre y cuando se comprometieran a marcar el número 102 en el tarjetón de su partido a la Cámara de Representantes por Antioquia.

“Las evidencias materiales probatorias recogidas por el fiscal de conocimiento indican que la campaña alcanzó a recaudar de los votantes $136 millones en una cuenta particular. Así mismo la campaña les condicionó la entrega de las ofertas a la comprobación de que hubiesen votado por la congresista”, explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez.

La Fiscalía también tiene elementos probatorios que indicarían que Alejandro Cuartas Rodas, gerente de la campaña de Margarita Restrepo, habría comprado votos a $80 mil el día de las elecciones.

Corrupción en Sena de Caucasia

Del mismo modo, el ente acusador reveló cómo al parecer desde el Sena de Caucasia, Antioquia, el subdirector de la entidad, Braulio Suárez, habría reunido a empleados y particulares en diferentes lugares públicos, para exigirles que votaran por el representante a la Cámara y ahora Senador electo Julián Bedoya Pulgarín.

Según las investigaciones, Suárez habría exigido el voto advirtiendo que si el candidato era elegido en el Congreso, el subdirector del Sena se encargaría que quienes tenían contrato con la entidad lo mantendrían y quienes no lo tenían podrían ser nuevos contratistas.

“El fiscal de conocimiento estableció que, efectivamente, varias de las personas que asistieron a las reuniones eran contratistas de la entidad, e incluso se denunciaron amenazas contra algunas de las que rindieron declaraciones en contra del funcionario”, indicó el Fiscal General.

Braulio Suárez fue capturado en las últimas horas en Caucasia y será llevado ante el juez de control de garantías en Medellín.

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Irregularidades en Bogotá y Cauca

La Fiscalía General puso en conocimiento los presuntos hechos de constreñimiento y corrupción en Bogotá donde al parecer desde noviembre de 2017, Julián Gutiérrez, contratista de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, supuestamente exigió a las profesoras de jardines infantiles de la localidad de Kennedy que votaran de forma direccionada por el candidato a la Cámara, Diego Caro, y su fórmula al Senado, María Fernanda Cabal, con la amenaza de que en caso de no hacerlo, no se les renovarían sus contratos.

Por estos hechos, el próximo 3 de julio serán imputados por los delitos de constreñimiento y corrupción al sufragante el contratista Julián Gutiérrez y Jhon Francisco Rodríguez, subdirector regional de Kennedy de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Estos hechos fueron rechazados por la congresista Cabal, quien en un comunicado manifestó que su elección se dio de manera limpia y sin maquinarias electorales.

Por último, el ente acusador reveló el hallazgo de tarjetones electorales marcados en el municipio de López de Micay, Cauca. Según la Fiscalía, Felipe Muñoz, aspirante a la Cámara y miembros de la comunidad de López de Micay denunciaron que en este municipio pudo haber alteración en los resultados de las elecciones al Congreso, que habría beneficiado a Faber Muñoz, elegido como representante a la Cámara por Cauca.

El fiscal de conocimiento dispuso llamar a interrogatorio de indiciado a seis jurados de votación, diligencia que se realizará hoy 22 de junio.

Comunicado de prensa de María Fernanda Cabal

Conocido el comunicado de la Fiscalia General de la Nación en la que señala “constreñimiento y corrupción” en Bogotá, rechazo de manera enfática la información en la que se menciona mi nombre como parte de un entramado que pretendió forzar a profesoras de jardines infantiles de la localidad de Keneddy a votar por el señor Diego Caro y por mi, al Senado.

Sobre el particular:

1. Cuatro años de férrea oposición al régimen no se traducen en burocracia. No tengo un solo contrato, puesto o entidad que esté al servicio de mi causa y públicamente he rechazado la forma vulgar como la “mermelada” degradó la política.

2. Hicimos una campaña limpia y propositiva en el país con un muy limitado y austero presupuesto. Rechacé todo tipo de acompañamientos que bajo el supuesto de atenderle gastos para "logística", significara un solo peso diferente a los pagos de una campaña para refrigerios, camisetas, gorras, afiches, papelería y apoyo básico a quienes volantean en las localidades y las regiones.

3. Mucho daño le ha hecho al país la justicia espectáculo y no puedo aceptar que se enlode ni mi nombre, ni mucho menos el de un partido que, como Centro Democrático, ha dado una lucha sin cuartel contra la corrupción y las malas prácticas de la política.

4. En 2014 fui cabeza de lista cerrada en Bogotá, con una votación superior a los 300mil votos. En esta ocasión en lista abierta obtuve 11.070 votos.  Afirmar que quienes votaron por mi lo hicieron bajo presión o amenaza, no tiene sentido. Mi campaña es mediática, de argumentos, controversia y opinión. No de maquinarias electorales.

5. Durante las elecciones  legislativas realicé muchos eventos públicos con varios candidatos a la Cámara de Representantes:  Juan Manuel Daza, Diego Caro, José Jaime Uscátegui y Enrique Cabrales, entre otros. Candidatos jóvenes que por primera vez se presentaban a una elección.

6. Tengo conocimiento que un personaje que intentó formar parte de la lista para la Cámara de Representantes por Centro Democático en Bogotá, a quien el Partido rechazó y no le  permitió la inscripción, envió anónimos a la Fiscalía como retaliación.

7. Todos aquellos que sean responsables de prácticas ilegales, utilizando el nombre mío y/o del partido, deberán responder ante las autoridades por hechos que desconozco y por los que no soy responsable.

8.Como se puede verificar en el comunicado  de la Fiscalía General de la Nación, no estoy vinculada a ningún  proceso, pero estaré dispuesta a colaborar con la administración de justicia para que se llegue a la verdad de estos hechos.

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