Viernes 19 de Octubre de 2018 - 08:33 AM

Procuraduría citó a juicio a exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons

El órgano de control formuló dos cargos a Lyons Muskus porque no habría ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de Preciado Loury lo que permitió que la IPS Girasoles incrementara injustificadamente su patrimonio y se beneficiara de pagos a los que no tenía derecho.
COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL
Procuraduría citó a juicio a exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons
(Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)

Según el Ministerio Público, al parecer el exgobernador "no mostró el debido respeto por el ordenamiento jurídico y actuó en contravía con sus deberes funcionales, por lo que calificó provisionalmente el primer cargo como falta gravísima a título de culpa gravísima, y el segundo, como grave a título de culpa gravísima".

Por estos hechos, a Preciado Lourdy se le formularon dos cargos, el primero por presuntamente autorizar el pago a la IPS Girasoles SAS, mediante Resolución número 000766-2015, de la totalidad de los servicios terapéuticos del paquete integral de neurorehabilitación, tratamientos que al parecer se pagaron, pero no se realizaron.

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Igualmente, el exfuncionario supuestamente autorizó el pago de un precio unitario diferente por cada sesión, el cual varió dependiendo el número de terapias que se prestaron, y en algunos casos, canceló un valor mayor.

Para el órgano de control, "el investigado con su proceder presuntamente infringió los principios de moralidad y eficiencia, toda vez que no habría actuado con rectitud, lealtad y honestidad, y por lo tanto, el ente de control calificó esta presunta falta como gravísima a título de dolo".

En un segundo cargo, la Procuraduría encontró que entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2015, el exfuncionario al parecer omitió verificar que las IPS de Córdoba, que estaban prestando el paquete integral de terapias de neurodesarrollo en los años 2014 y 2015, tuvieran el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

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Por lo que el Ministerio Público consideró que aparentemente incumplió con funciones inherentes a su cargo, que le ordenaban verificar que las instituciones de salud cumplieran con registros mínimos consagrados en las normas.

La Procuraduría catalogó la presunta falta como grave, a título de culpa gravísima.

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