Lunes 19 de Noviembre de 2018 - 07:18 PM

Entre cianuro, investigaciones y funcionarios ad hoc se mueve el caso Odebrecht

Lo que se inició como una sospecha de 11 millones de dólares en sobornos ya hoy va en un poco más de 20 millones. Así se desprende tras la confirmación de la Fiscalía que esa cantidad sería producto de por lo menos 10 contratos ficticios.
Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL
Entre cianuro, investigaciones y funcionarios ad hoc se mueve el caso Odebrecht
(Foto: Colprensa /VANGUARDIA LIBERAL )

Las firmas señaladas por el ente acusador son Consultores Unidos Colombia, Consultores Unidos Panamá, Profesionales de Bolsa, SION y TTU (Técnicas Territoriales y Urbanas).

Lea además: Gobierno pide inhabilitar a Odebrecht por 20 años

No obstante, la información no es tan nueva como lo pretende hacer ver la Fiscalía. En el caso de la primera sociedad, su representante legal, Eduardo José Zambrano Caicedo, fue imputado con los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

En su comparecencia ante el juez aceptó los cargos endilgados en diligencia que se realizó el 19 de julio de 2017. Así consta en un comunicado de prensa del 25 de julio del mismo año. A la fecha, el ente acusador no ha dado cuenta de en qué va el proceso contra Zambrano Caicedo.

Sin embargo, su nombre es mencionado en el proceso que se surte contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente. Durante la imputación que le hicieron, también por el escándalo de la brasileña, el fiscal del caso dijo que le endilgaba cargos por, entre otros, el delito de falsedad en documento privado.

La comisión de este delito se habría configurado con la entrega de la factura 032 del 18 de mayo de 2016 por parte de Zambrano Caicedo, en la que se cobran los estudios de topografía, geología para la hidroeléctrica de la vertiente cordillera oriental de Guavio. “Esto nunca se realizó por parte de la firma encargada de este proyecto”, agregó la fiscal designada para este proceso.

De igual forma, el representante de Profesionales de Bolsa, Gustavo Adolfo Torres Forero, responde por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Su detención se produjo en julio y desde el ente acusador se informó que en agosto se le dictó medida de aseguramiento por el presunto de haber prestado sus cuentas bancarias para transacciones monetarias de la firma brasileña.

Insisten en el fiscal ad hoc

Mientras desde el búnker emitían esa información, el presidente Iván Duque se mostró a favor de que el caso del entramado de corrupción sea manejado por un fiscal ad hoc, es decir, por una persona diferente a la vicefiscal María Paulina Riveros, quien actualmente lidera las investigaciones.

Esto, en razón a que el jefe del ente investigador se declaró impedido porque en el pasado defendió los intereses del Grupo Aval, emporio del que hace parte Corficolombiana, la sociedad que se alió con Odebrecht para hacerse a los contratos de la Ruta del Sol II.

Pese a esa declaratoria de impedimento, en la mayoría de decisiones que tienen que ver con este caso, Martínez Neira es quien ha sido el vocero ante los medios en este espinoso expediente.

Sobre el nombramiento ad hoc, el mandatario, en entrevista con RCN Radio, aseguró que está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia le haga la solicitud de convocar una terna para nombrar un fiscal ad hoc que reemplace al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, en el caso Odebrecht, tras el más reciente escándalo que lo involucra directamente.

“El fiscal ya se había declarado impedido y había delegado en la vicefiscal, María Paulina Riveros. La vicefiscal también está pidiendo ad hoc, entonces, como presidente estoy listo a obrar cuando me lo solicite la Corte Suprema para presentar una terna y que se pueda proceder con una persona de las más altas condiciones”, dijo el mandatario.

Duque añadió que el país debe tener la certeza de que lo que se busca es que se pueda llegar a fondo de la verdad y que haya sanciones ejemplarizantes a quienes estuvieron detrás de ese escándalo de la firma brasileña.

Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le solicitó al superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano Vegalara, adelantar las investigaciones correspondientes contra la firma brasileña Odebrecht y evitar que esta vuelva a contratar con el Estado durante 20 años.

“En el caso de Odebrecht han llegado al descaro de pedirle al Gobierno Nacional un acuerdo de reparación integral, con el argumento de que si nos dan unos recursos entonces el Gobierno se comprometa a suspender las acciones legales en su contra”, dijo Ramírez.

Ramírez agregó que no piensan concederle esta petición a la firma brasileña. Sostuvo que junto a Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, el Gobierno está buscando que la firma asuma todas las responsabilidades a nivel jurídico.

A su turno, el procurador Fernando Carrillo habló de una “fiscalía ad hoc, más que fiscal ad hoc”. La teoría del titular del Ministerio Público es la creación de una “estructura paralela que tenga la imparcialidad necesaria para que el pueblo colombiano sepa qué fue lo que pasó”.

El cianuro

El tercer frente que se libró en las últimas horas relacionado con este caso, aún gira con la muerte del ingeniero Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d.), quien le habló al entonces abogado Martínez Neira sobre las advertencias de las coimas que la brasileña habría pagado.

Tras la aparición de un enorme tarro que contenía cianuro y que fue descubierto 11 días después de su muerte en uno de los baños de la finca en la que residía, el director de Medicina Legal, Carlos Valdés, señaló que las evidencias fueron recibidas por los peritos forenses del instituto.

“Los análisis son biológicos para detectar si hay material genético que lo podamos perfilar y podamos identificar la persona que estuvo en contacto con los elementos”, detalló Valdés.

Sobre la necropsia que le practicaron al cuerpo sin vida de Pizano Callejas, el funcionario añadió que las muestras que le tomaron al cadáver por parte del médico legista del hospital de Facatativá fueron conservadas en formol.

“A pesar de que el cadáver fue incinerado se contó con las muestras de tejido recuperadas por el profesional. Cuando la Fiscalía inicia la investigación, recupera esas muestras y son las que fueron analizadas”, puntualizó.

Con respecto a la botella de la que Alejandro, el hijo de Jorge Enrique Pizano, bebió cianuro está en poder de Medicina Legal. Valdés reveló que se le hicieron estudios químicos, cuyos resultados reposan en el expediente.

Esto significa que a ese recipiente no se le pueden hacer más estudios, como un análisis biológico como el que se le va a practicar al tarro de cianuro hallado, toda vez que los reactivos que se aplicaron pueden alterar cualquier resultado que alteraría su conclusión. 

 

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