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Alcalde de Bucaramanga admite que hubo “indelicadezas” de su hijo en lobby de fallido contrato de Vitalogic
El Alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, admitió en público que su hijo, Luis Carlos Hernández, cometió una “indelicadeza” en el proceso de adjudicación de un contrato para el tratamiento de tecnología alternativa con el manejo de los residuos sólidos en El Carrasco, avaluado en cerca de 250 millones de dólares y que finalmente no se adjudicó.
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Por este proceso la Procuraduría General de la Nación ordenó en abril pasado una investigación contra el mandatario de Bucaramanga. Según el Ministerio Público se investiga si “hubo un presunto favorecimiento hacia este contratista (Vitalogic), desde la misma elaboración de los pliegos de la licitación”.
“Que hubo indelicadezas de una familiar mío sí. No sé qué cigarrillo estaba fumando cuando hizo eso”, aseguró el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.
En la misma intervención ante los concejales también admitió que cuando comenzó su gobierno se cometieron errores aludidos a la inexperiencia administrativa. “Tengo que reconocer que no teníamos el conocimiento de toda la minucia que hay tejida en el Estado...”. No obstante, expresó que en su administración no se han cometido actos de corrupción.
Ante la Procuraduría Segunda Delegada de Contratación fue radicada, el pasado 14 de noviembre, una queja disciplinaria en contra del Mandatario de Bucaramanga, en donde señalan a su hijo Luis Carlos Hernández de presuntamente suscribir un acuerdo de corretaje en la firma del millonario contrato entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, y Vitalogic RSU, para construir una planta que transformaría los residuos sólidos en energía eléctrica, en una concesión de 30 años. Acuerdo que no se celebró por una solicitud de la Procuraduría de postergar la adjudicación de ese contrato y que el Alcalde acató.
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La denuncia precisa que Luis Carlos Hernández habría firmado un acuerdo de corretaje para gestionar la adjudicación del contrato de Vitalogic ante la Empresa de Aseo de Bucaramanga. Un contrato de corretaje es una especie de pacto por medio del cual una persona se convierte en intermediario para poner en contacto a dos o más personas, con el objetivo de que celebren un negocio. Quien realiza esta intermediación, lobby o cabildeo recibe una compensación a cambio.
Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, quien hizo la denuncia ante la Procuraduría, entregó una copia de un presunto acuerdo de corretaje, donde se acuerda que uno de los hijos del alcalde Rodolfo Hernández y otros particulares supuestamente pactaron repartir comisiones por obtener el millonario contrato de tecnificación de las basuras.
En el presunto acuerdo de corretaje se consigna la distribución de comisiones por la asignación del contrato de más de 250 millones de dólares. En estas comisiones aparecen presuntamente señalados Luis Carlos Hernández, hijo del Alcalde, Luis Andelfo Trujillo Rodríguez, denunciante y Jorge Hernán Alarcón, asesor contratado por la Emab para el proceso de adjudicación de la licitación de las basuras de El Carrasco.
Según la denuncia, antes de iniciar el proceso de licitación para el tratamiento de las basuras de los municipios de Bucaramanga y el área metropolitana, Luis Carlos Hernández, hijo del Alcalde, así como Jorge Hernán Alarcón, asesor de la Emab para el diseño de la Invitación Pública para la adjudicación del contrato, firmaron con Carlos Gutiérrez, un contrato de corretaje por más 100 millones de dólares que, al parecer, serían entregados al hijo del mandatario local como prima de éxito de llegarse adjudicar el contrato para Vitalogic.
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La Unión Temporal Vitalogic RSU, en enero pasado, demandó por $579 mil millones a la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab, por la fallida licitación del contrato de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad a través de nuevas tecnologías.
Según la Unión Temporal, la Emab incurrió en un error legal al declarar desierto el proceso licitatorio mediante el cual se pretendía contratar la operación del tratamiento de basuras de Bucaramanga y el área metropolitana con nuevas tecnologías en un tiempo no menor a 30 años, contrato avaluado en cerca de 250 millones de dólares.