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Martes 20 de Diciembre de 2011 - 04:18 PM

Santos firma decretos que dan vida a la Ley de Víctimas y Tierras en Colombia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó hoy los cinco decretos que le dan vida a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ambiciosa norma que busca indemnizar a cuatro millones de damnificados y devolver dos millones de hectáreas usurpadas a campesinos.
Archivo / VANGUARDIA LIBERAL
La iniciativa es una ambiciosa norma que busca indemnizar a cuatro millones de damnificados y devolver dos millones de hectáreas usurpadas a campesinos.
(Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)


Ministros y legisladores ponentes liderados por Santos firmaron los decretos reglamentarios de la Ley 1448, que define los mecanismos y procesos de la aplicación de esta norma en un acto celebrado en el Patio de Armas de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano.

Ante un auditorio conformado por diplomáticos, funcionarios, representantes de la cooperación internacional y medios de comunicación, Santos hizo un acto de contrición al reconocer la indiferencia que durante medio siglo de conflicto armado han proferido los colombianos hacia sus víctimas.

Por eso, consideró que la firma de estos decretos simboliza el fin de los "golpecitos en la espalda para nuestros compatriotas desplazados o despojados".

"No tiene sentido que tantos padres hayan sido asesinados, ni que tantos hombres hayan sido humillados frente a sus hijos, ni que tantos niños hayan cargado fusiles en vez de balones, ni que tantas mujeres tengan el recuerdo imborrable de una violación", lamentó el mandatario.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que estará en vigor durante diez años prorrogables desde el 1 de enero de 2012, contará para su aplicación en el primer año de vida con un presupuesto de 6,1 billones de pesos (unos 3.100 millones de dólares).

Con ese monto, según dijo a periodistas el director de justicia transicional del Ministerio de Justicia, Miguel Samper, se tratará de indemnizar, asistir y devolver tierras a unas 130.000 víctimas en 2012.

Uno de los decretos firmados, que establece medidas de asistencia y reparación, contempla la indemnización administrativa a las víctimas por valores comprendidos entre los 9 y los 21 millones de pesos (entre unos 4.600 y 10.800 dólares).

"Esos montos se entregarán preferentemente a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo. Es decir, vamos a incentivar a quienes decidan invertir en su futuro", precisó el presidente.

Santos admitió que estas cifras no recompensan haber sufrido un desplazamiento, una discapacidad o la pérdida de un ser querido, pero suponen un punto de partida, y agregó que ya están divididas las responsabilidades de las instituciones para garantizar la asistencia en salud y educación.

Los beneficiarios figurarán en el Registro Único de Víctimas, en el que podrán inscribirse de manera gradual a lo largo de cuatro años y quedarán sistematizados con el fin de evitar que estén "paseando" de una institución a otra buscando apoyos.

Además, Santos anunció la creación de "observatorios, sistemas, redes y planes que activan las alarmas sobre las poblaciones en riesgo" y evitar que se repitan hechos delictivos; así como el nacimiento del "Centro de Memoria Histórica", que apoyará iniciativas privadas y creará un Museo de la Memoria.

La singularidad de esta Ley es que será aplicada mientras el conflicto armado colombiano sigue activo, lo que puede poner y pone en riesgo a los beneficiarios, como han destacado las propias víctimas, sus representantes y algunas organizaciones no gubernamentales (ONG).

El mandatario no eludió esta realidad: "Ustedes ya lo saben y nosotros estamos plenamente informados. Aún hay quienes siguen intimidando y asesinando a nuestros campesinos y a sus representantes. A esos criminales les hago llegar un mensaje: ¡los vamos a combatir con todo!".

Esa labor la abordará la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, que acompañará a los desplazados en el proceso de recuperar los predios que les fueron usurpados.

La Ley, que tiene 208 artículos, fue aprobada por el Congreso en mayo pasado y sancionada el pasado 10 de junio, en un solemne acto que contó con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, como testigo de honor.

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