Las labores de recuperación de la zona contaminada por derrame de crudo sobre la quebrada Vizcaína, ubicada en el corregimiento La Fortuna, del municipio de San Vicente de Chucurí, avanzan 96%.
Publicado por: MARCELO ALMARIO CHÁVEZ
Así lo informó Ecopetrol al advertir el trabajo que adelantan con equipos especializados operarios de la gerencia de producción del Magdalena Medio de la estatal petrolera en el campo de producción ‘Lisama’, jurisdicción de la vereda Pozo Nutrias II.
La Empresa Colombiana de Petróleos señaló que en los últimos días contrató 45 personas de la zona de influencia, con el fin de agilizar la descontaminación de la fuente hídrica y los suelos del lugar, en donde el 12 de mayo se registró un derrame de 125 barriles de crudo, unos 5.040 galones de combustible, por el rompimiento de la válvula de seis pulgadas en la línea de bombeo de la Estación Tesoro.
“Para realizar los trabajos se utilizan equipos de skimmer, tanques de recolección, bombas de desplazamiento positivo y motobombas de caudal, así como el trabajo manual requerido por las condiciones propias de descontaminación hídrica”, explicó la empresa petrolera.
Así mismo la estatal petrolera describió que para el desarrollo de tales actividades de descontaminación los trabajadores utilizan un traje especial que les permite mantenerse dentro del agua sin impregnarse de crudo.
“Posterior a las labores de recuperación de la fuente hídrica se iniciará la descontaminación de los suelos afectados”, aseguró Ecopetrol.
La estatal petrolera aseguró que conformó una comisión para realizar el inventario forestal con el fin de valorar los daños causados en los predios aledaños y hacer el resarcimiento respectivo; así mismo, se conformó una comisión para hacer el levantamiento topográfico de la zona.
Investigación en curso
Ecopetrol informó que durante las actividades de descontaminación realizadas la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, ha hecho un acompañamiento permanente. Sin embargo, la entidad ambiental afirmó que ya inició una investigación administrativa para establecer las responsabilidades de la estatal en el hecho y el impacto negativo sobre la zona afectada. Bélmer Josué Carvajal, coordinador de la CAS con jurisdicción en la Provincia de Mares, aclaró que una posible sanción puede representar medidas de compensación al medio ambiente afectado o el pago de una sanción pecuniaria, que para el caso de la Vizcaína podría estar representada entre 1 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
