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Jueves 14 de Diciembre de 2017 - 12:01 AM

Juzgado comenzó el desalojo en los predios Altamira y San Felipe

Los colonos del corregimiento El Guayabo, jurisdicción de Puerto Wilches, no pudieron frenar más la orden de desalojo que pesa sobre ellos desde 2014.
Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL
Con el apoyo de la Fuerza Pública y el acompañamiento de la Personería de Puerto Wilches, se llevó a cabo el desalojo de 15 familias en el predio San Felipe.
(Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

Con el apoyo de la Fuerza Pública y el acompañamiento de la Personería Municipal, 15 familias asentadas allí desde hace tres décadas tuvieron que emprender la retirada.

La acción judicial es considerada una injusticia por esta población, que alega, además de la propiedad, ser víctima reconocida por el Estado.

“El caso de El Guayabo viene de 2002 cuando aparece una persona que dice ser el propietario de las tierras. Las familias están allí en calidad de agricultores, luego de que la persona que estaba ahí cede a la comunidad la posesión de manera informal”, manifestó Maritza Gutiérrez Hoyos, acompañante del proceso.

La comunidad campesina de El Guayabo está compuesto por cerca de 75 familias que ejercen el derecho de posesión sobre los predios Altamira y San Felipe, reclamados por un particular que dice ser el verdadero propietario.

Desde hace cinco años, quien dice ser el dueño comenzó el proceso de reclamación, que logró frenarse en tres oportunidades hasta ayer.

En el sitio quedaron 60 familias en vilo, a la espera de que el juzgado llegue con una nueva orden de desalojo para ellas o se dé una solución definitiva para que por fin puedan asentarse tranquilas.

La historia

En 1984, cerca de 80 familias campesinas se asentaron cerca de la ribera del río Magdalena, en cercanías al corregimiento El Guayabo. Empezaron a labrar la tierra e hicieron de ese predio su hogar.

Sin embargo, en 2002 el señor Rodrigo López Henao, hijo del propietario original del terreno y quien les habría cedido el inmueble, inició un proceso jurídico para lograr la reivindicación de la titularidad, pese a que los hoy vivientes están incluidos en el Registro Único de Víctimas desde 2016.

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