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Jueves 21 de Diciembre de 2017 - 12:01 AM

142 familias cocaleras de Yondó buscan el reconocimiento estatal

Un total de 142 familias que se dedican al cultivo de hoja de coca en el vecino municipio de Yondó se reunieron con el alcalde de la localidad, Gibert Cartagena Rojas, para pedirle que gestione ante el Gobierno Nacional un reconocimiento como municipio cocalero.
Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL
Alrededor de 50 de las 140 familias cocaleras que hay en Yondó se reunieron con la Alcaldía para buscar que ésta gestione ante el Gobierno Nacional su reconocimiento.
(Foto: Suministrada / VANGUARDIA LIBERAL)

Esta definición les permitiría acceder a los beneficios pactados tras los Acuerdos de La Habana para sustituir los sembradíos ilegales por proyectos productivos, según lo explicado por Mayerly Marín Vásquez, dinamizadora del proceso por parte de la ACVC.

Desde hace dos meses comenzó en Yondó el proceso de erradicación forzada, conllevando que las familias cultivadoras vieran afectada su economía, porque para la mayoría esta es su única entrada.

“Hay gente que solo vive de eso porque le sale más rentable. Mientras que por cultivar un kilo de hoja de coca reciben $ 1 millón, por un bulto de yuca reciben $ 30 mil”, acotó la dinamizadora.

Ni los cultivadores, ni el mismo municipio saben a la fecha cuántas hectáreas de hoja de coca han sido erradicadas, pues las cifras son manejadas por la ONU. Sin embargo, se sabe que existen 138.5 hectáreas de estos sembradíos.

Sobre esto, el Alcalde de Yondó le dijo a Vanguardia Liberal que a partir de este 15 de enero comenzarán las gestiones para la inclusión en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

En Antioquia solo está Briceño

En Antioquia, el municipio de Briceño es el único con el que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos ha firmado un acuerdo para sustituir voluntariamente los sembradíos de hoja de coca.

Este acuerdo contempla el compromiso de las comunidades de no sembrar más hoja de coca, ni de verse involucrada en alguna actividad relacionada con ella. El Estado, entre otros, se compromete a entregarle durante un año un apoyo de $ 1 millón, más la preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario hasta por un año. El programa contempla también otros rubros que deberán ser empleados en el fortalecimiento de cadenas productivas para garantizar el mínimo vital.

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