El total hacinamiento se encuentra los centros de recepción de menores entre 14 y 18 años que cometen delitos en Santander. A esto se suma el incremento en la incidencia para cometer delitos como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, hurto simple y hurto calificado.
Publicado por: JAZMÍN RODRÍGUEZ
Los centros de atención para jóvenes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, creado por la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de 2006, registran problemas de hacinamiento. Respondiendo a ello, este jueves se cumplió la tercera mesa de trabajo en la Gobernación de Santander donde autoridades y entidades comprometidas buscan soluciones como el alquiler de un lugar con mayor capacidad, proyecto que requiere, inicialmente, $80 millones para el arriendo y adecuaciones del lugar.
Según explicó el director de Hogares Claret, Sergio Fernando Garcés, “en este momento la capacidad de nuestra institución colapsó". El funcionario manifestó a Vanguardia.com que este panorama constituye una preocupación teniendo en cuenta que el Centro de Atención Transitorio y de Emergencia El Redentor, ubicado en el barrio La Joya, también reporta hacinamiento. Este centro a recibió $210 millones de la Gobernación y $40 millones de la Alcaldía de Bucaramanga para la readecuación de sus instalaciones.
En este orden de ideas, el joven que delinque y llega a El Redentor, donde es recibido por un máximo de 72 horas mientras se judicializa su captura, no podría acceder a Hogares Claret porque no hay cupo. Situación alarmante si se tiene en cuenta que éste es el principal centro de recepción de adolescentes de Santander que presentan problemas de drogodependencia, han cometido algún delito y donde se les acompaña en la rehabilitación y resocialización.
LA PROPUESTA
“Estamos pidiéndole a las autoridades gubernamentales que nos garantice un centro de atención con más capacidad. En este momento hay una casa contigua a Hogares Claret, en el municipio de Piedecuesta, que se puede arrendar y adecuarla para ampliar el centro de atención”, afirmó Sergio Fernando Garcés, al explicar que dicha inversión estima $80 millones.
Frente a esta propuesta, el secretario del Interior Departamental, Constantino Tamí, expresó que ya “se está trabajando con la Procuraduría Regional y entidades afectadas para llegar a prontas soluciones. Estamos convocando a los Alcaldes del área metropolitana para el alquiler y adecuación de ese terreno contiguo en Piedecuesta y poder ampliar la cobertura”.
De igual manera, el funcionario indicó que “a raíz de la expedición de la Ley de Garantías Electorales, no podemos hacer unos convenios directos con el Icbf que nos faciliten esta labor. Entonces vamos a buscar un mecanismo de manera que, sin infringir esta norma, se puede llevar a cabo estos trabajos”.
“Existe una voluntad de la Gobernación y desde ya se viene trabajando con la Policía, Bienestar Familiar y autoridades para solucionar la situación”, concluyó Tamí.
Sin embargo, esta tercera mesa de trabajo concluyó sin éxito debido al incumplimiento de alcaldes del área metropolitana, razón por la que la Procuraduría aplazó el encuentro para el próximo 25 de agosto, de nuevo en la Gobernación. El organismo de control extendió el llamado para la presencia de los alcaldes pues dicha asistencia es “indelegable”.
A las anteriores mesas de trabajo, realizadas en abril y julio de este año, y en las que se ha tratado el mismo problema de hacinamiento, han asistido funcionarios de la Fiscalía, jueces, Medicina Legal, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretarios de Desarrollo del área metropolitana e instituciones afectadas como Hogares Claret y el Centro de Atención Transitorio y de Emergencia El Redentor.
LAS CIFRAS EN SANTANDER Y BUCARAMANGA
Frente a este problema la directora regional (e) del Icbf, Margy León, afirmó que en Santander, desde la implementación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (diciembre de 2008) a julio de este año, se incrementó notoriamente.
En 2008 ingresaron 32 jóvenes, en 2009 fueron 1.086, en el 2010 se reportó el ingreso de 1.469 y en lo corrido de enero a julio de 2011 se registraron 1.048, es decir, un total de 3.635 menores en el departamento ingresaron a este sistema.
De estos jóvenes el 33,8% cometió delitos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, siendo este el delito con mayor incidencia. El 30,6% cometió el delito de hurto simple y el 9,7% hurto calificado.
En Bucaramanga el panorama es similar. En 2008 ingresaron al sistema 28 adolescentes, en 2009 fueron 980, en 2010 un total de 1.335 y en el transcurso de enero a julio de este año se han registrado 962, lo que se convierte en 3.305 jóvenes que han del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en la capital santandereana.
De estos menores el 35,8% ingreso por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, siendo este también el delito con mayor incidencia. El 31,3% cometió hurto simple y el 9,4% hurto calificado.
El nivel de reincidencia para delinquir es del 30% en lo corrido de 2011 con 312 casos, un incremento del 1% con relación a 2010 donde se registró una reincidencia en el delito de 29% con 417 casos.
De hecho, el Director de Hogares Claret manifestó que del 95% al 98% de los jóvenes que ellos asisten reinciden por problemas con sustancias psicoactivas.
PRESUPUESTO APROBADO
De acuerdo con Margy León, el Icbf se encuentra a la espera de que la Alcaldía de Bucaramanga entregue en comodato el terreno que se encuentra frente a la Cárcel de Mujeres por la vía a Chimitá, para la creación de un centro de recepción con mayor capacidad para menores que delinquen.
Para dicho proyecto “el Icbf ya tiene $4.400 millones, aprobados por el Conpes 3629 (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes), para el diseño y construcción del que sería un macroproyecto del Sistema de Responsabilidad Penal”, construcción que pondría a Santander a la par de departamentos como Antioquia y Cundinamarca que, aún con dificultades, son pioneras en la implementación del sistema.
