Desde docenas de rollos de papel higiénico, cajas de pañuelos faciales y pastas dentales; hasta ambientadores, frascos de alcohol y ganchos de ropa se han atrevido a pedir los docentes de diferentes colegios y escuelas de la ciudad, tras el inicio del año lectivo 2012.
Publicado por: EUCLIDES ARDILA RUEDA
Doña Celina Martínez, quien tiene un niño cursando segundo primaria en el plantel ‘Sol Naciente’, confesó que lleva dos semanas intentando completar una singular lista de ‘inútiles’ que le pidieron a su hijo.
La cifra que tuvo que pagar, por muchas cosas absurdas, según denunció, supera los $420 mil: “… y eso que todavía me falta comprar jabones de baño, cuatro resmas de papel y dos docenas de papel de seda”, añadió.
Para fortuna de ella y de los demás jefes de hogar, esa fea costumbre de pedir útiles absurdos, al menos en Bucaramanga, tendrá que desaparecer.
La Secretaría de Educación Local está autorizada para imponer multas de entre 50 y 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, previa comprobación de los hechos, a aquellos colegios que insistan en dichas listas absurdas.
Según la ley, los profesores sólo pueden exigir los útiles estrictamente necesarios para el ejercicio de la labor escolar y, sobre todo, en una cantidad mínima.
Por ejemplo, ningún establecimiento educativo puede exigir tres o cuatro resmas de papel carta o papel oficio; tampoco tres o cuatro cajas de plastilina; tres o cuatro cajas de colores, unos con punta y otros sin punta, entre otras cosas; porque el listado lo elaborará el consejo directivo del colegio, donde estarán representados los padres de familia y los estudiantes.
Es más, tampoco es obligación entregarle a la institución todos los materiales de una, sino a medida que el alumno los vaya gastando para que el centro educativo no los acumule sin saber si son utilizados o no.
Todo está incluido en la Ley 1269. Dicha norma establece que los centros de educación deberán entregarles a los padres de familia la lista completa de útiles escolares para uso pedagógico, textos, uniformes e implementos que se usarán durante el año académico siguiente; la cual deberá estar previamente ajustada a lo estipulado por el Gobierno Nacional.
De manera adicional, los establecimientos educativos no podrán exigir en ningún caso –ni por sí mismos ni por medio de las asociaciones de padres de familia o de otras organizaciones– cuotas en dinero o en especie, bonos, donaciones en plata, aportes a capital o tarifas adicionales a las aprobadas en las matrículas, las pensiones y los cobros periódicos.
Para Luis Javier Gómez, padre de familia, “la medida me parece acertada, porque muchas veces nos vemos obligados a cumplir con unas peticiones absurdas respecto a los materiales escolares de nuestros hijos”.
