Tanto los trabajadores de Solsalud como la Administración Municipal están preocupados por la estabilidad laboral de aproximadamente 1.300 empleados en Santander. Además, los usuarios que padecen enfermedades de alto riesgo reclaman que no se interrumpa la atención médica.
Publicado por: JAZMÍN RODRÍGUEZ
Ante la décima segunda audiencia pública sobre los Proyectos de Ley Reformatorios al Sistema de Seguridad Social en Salud, que se realizó en el Concejo de Bucaramanga, y en la que participó el ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, los trabajadores de esta EPS presentaron las inquietudes sobre su situación laboral.
De acuerdo con Óscar Díaz, presidente del sindicato de trabajadores de Solsalud, la decisión de liquidar la única empresa santandereana prestadora del servicio de salud fue “arbitraria y amañada” por parte del Gobierno Nacional. El anuncio de esta determinación lo realizó la Superintendencia de Salud el pasado 2 de mayo.
Díaz ratificó que esta decisión “deja sin trabajo a más de 1.300 personas en el área metropolitana de Bucaramanga y esto genera una descomposición social. Son 1.300 personas que no saben qué ocurrirá con su futuro laboral. En este momento nos estamos acogiendo al debido proceso. Se pasó un recurso de reposición y esperamos que las autoridades competentes nos respondan para saber cómo proceder. Por ahora se seguirán prestando los servicios con normalidad”.
De acuerdo con el vocero del Sindicato de Solsalud, “no se explica por qué si estamos en manos del Estado, en manos la Superintendencia de Salud desde los últimos 14 meses, y somos coadministrados por ellos, deciden liquidar la empresa. Este fue un error del Estado, fue un error en cabeza de la Superintendencia. Los márgenes de solvencia y de viabilidad técnica y financiera siempre se demostraron para funcionar y de la noche a la mañana tomaron la decisión de liquidar la empresa”.
Al respecto Estdyver Trillos, funcionario de Solsalud, manifestó a Vanguardia.com que el problema de Solsalud es grave por su alto costo. “Tenemos un millón 200 afiliados y un millón 300 en total, con los del régimen contributivo, de estos afiliados aproximadamente el 60% son pacientes de alto costo. Hacemos un esfuerzo para atender a todos los afiliados y qué hace el Gobierno, nos da una UPC (Unidad de Pago por Capitación: valor anual que se reconoce por cada afiliado para cubrir el POS) que no nos alcanza para cubrir la atención”.
¿Qué va a pasar con los enfermos de cáncer?
Alonso Amado, vocero de la Asociación de Usuarios del Centro Oncológico de Santander, y quien tiene a su esposa de 52 años de edad en quimioterapias por padecer cáncer de seno, exigió respuestas sobre quién atenderá a los más de 4.600 pacientes con enfermedades de alto riesgo.
“Qué pasará con los pacientes enfermos de cáncer, qué pasará con los 4.600 pacientes de cáncer de Santander o con los 1.218 que yo represento de la Asociación de Usuarios del Centro Oncológico de Santander. Cómo vamos hacer para que una EPS nos respalde. Solsalud estaba prestando los servicios a estos pacientes, ahora quién lo hará”, replicó Alonso Amado.
Según cifras que presentó este veedor ante el Concejo de Bucaramanga, congresistas y ante el Ministro de Salud, en Santander todos los días se presentan entre 40 y 60 pacientes nuevos de cáncer.
Alcalde pide al Gobierno Nacional plan de contingencia
El mandatario de los bumangueses, Luis Francisco Bohórquez, precisó que teme por un problema de salud pública en Bucaramanga.
“Se trata de más de 1.300 personas que quedarían desempleadas en la ciudad y esto repercute socialmente. Es una dificultad para las familias, afecta al Gobierno Local y a la región. Lo que le he pedido al Gobierno Nacional es que acompañe a la ciudad y a los usuarios de Solsalud. Tenemos que definir ya un plan de contingencia que se supone debe haberlo elaborado el Gobierno Nacional para tomar decisiones como éstas… este plan de contingencia debe garantizar el servicio de salud a los usuarios que tiene esta EPS y evitar un problema de salud pública en Bucaramanga porque puede suceder”, afirmó el Alcalde de Bucaramanga.
Usuaria pide liquidar también las ARS que no cumplan
De acuerdo con Margy Rodríguez Barón, usuaria de la ARS Coosalud, “a las mujeres en estado de embarazo pocos servicios de salud se les está cubriendo. El examen de toxoplasmosis se les niega porque no lo cubre el POS, y es un examen que cuesta 60 mil pesos, no es mucho, pero para una persona de pocos recursos tal vez no sea posible pagarlos”.
La mujer manifestó que no se entiende “por qué se pone en riesgo la vida de las madres y los bebés por una negligencia del sistema de salud. No es justo. Si van a cerrar las EPS que no responden, también que miren las ARS que tampoco están prestando los servicios”, concluyó la ciudadana.
