
El grupo de trabajadores aseguró que las manifestaciones se mantendrán indefinidamente. El agente liquidador les advirtió que de seguir impidiendo su entrada a la entidad, tomará acciones de hecho.

Los 870 estudiantes del Colegio Villas de San Ignacio que tuvieron que abandonar su institución de manera preventiva debido a los daños estructurales que presenta, estarán recibiendo clases a partir de hoy en otros centros educativos del municipio.

Aunque algunos de los vendedores ambulantes que fueron desalojados de las calles han conseguido otras opciones de trabajo y han cambiado de actividad, hay un buen porcentaje que insiste en ser comerciante y espera que el Municipio les garantice un sitio para ejercer su trabajo de manera legal.

Las medidas serán divulgadas en lo que resta del mes de mayo y durante ese tiempo solo se aplicarán comparendos pedagógicos. Las multas se harán “efectivas” a partir del 1 de junio.

Un convenio, por valor de $15 mil millones, para co-nexiones de servicios públicos intradomiciliarios y para otras redes externas, firmó ayer el Municipio con el Ministerio de Vivienda.

La afirmación la hizo a Vanguardia.com Saúl Martínez, director de la Regional Nororiental del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. “Tenemos una experiencia con una situación similar que se presentó hace un par de años”, agregó.

Los 870 alumnos serán reubicados en el Colegio Santander y en el Club Unión, ya que su plantel registra fallas estructurales que obligaron a su evacuación temporal.

Durante el desarrollo del partido entre Atlético Bucaramanga y Real Santander, disputado el pasado domingo, colapsó en algunos sectores el sistema de desagües del escenario deportivo. El aguacero dejó en evidencia el alto estado de deterioro de la estructura.

Los estudiantes de este colegio, cuya infraestructura fue afectada por una falla geológica, fueron reubicados por parte de la Secretaria de Educación de Bucaramanga para reiniciar sus actividades académicas. Por ahora, los alumnos no tendrán subsidio de transporte.

El cese de actividades se ordenaría como respuesta a un posible incumplimiento de acuerdos pactados entre el gremio de transportadores y la administración del Alcalde Luis Francisco Bohórquez. Taxistas denuncian 15 atracos diarios.
