Sábado 16 de Diciembre de 2017 - 12:01 AM

Alcalde de Pinchote deberá resolver el proceso jurídico de ‘Los Pozos’

Recientemente, el contratista de la obra del aeropuerto ‘Los Pozos’ afirmó que el inconveniente al entregar la obra se presenta en el terminal, ya que no hay una fecha de entrega del mismo.
Ana Rojas / VANGUARDIA LIBERAL
Hasta el momento, el contratista de la obra del aeropuerto ‘Los Pozos’ no ha intervenido la torre de control.
(Foto: Ana Rojas / VANGUARDIA LIBERAL)

Tras varios meses de procesos jurídicos, entre la Alcaldía de San Gil y la familia Guevara, quienes residen en la torre de control del aeropuerto ‘Los Pozos’, la Inspección de Policía Municipal dio a conocer en los últimos días un fallo, en el cual se ordenaba el desalojo de estas personas.

“El pasado 5 de diciembre se dio a conocer el fallo sobre la ocupación del espacio público del aeropuerto y se le notificó el desalojo a la familia que allí reside, pero el abogado defensor interpuso una recusación contra el alcalde de San Gil, por injerencia dentro del proceso, argumentando que los arquitectos que hicieron el peritaje son de la Oficina de Planeación”, afirmó Juan Pablo Reyes Avendaño, Inspector de Policía de la capital guanentina.

El funcionario manifestó que ante esta recusación, el proceso se trasladó a la Personería Municipal, para que esta decidiera si se recusa o no al alcalde Ariel Fernando Rojas, afirmando: “el fallo es en aspecto devolutivo y por ahora se tiene que cumplir lo ordenado por la Inspección”.

Por su parte, Farley Parra Rodríguez, personero de San Gil, dio a conocer: “la parte querellada a través de su defensor presentó una recusación contra el alcalde de San Gil, por considerar que no existía para ellos esa independencia por parte del mismo a la hora de emitir un fallo, teniendo en cuenta que él es el más interesado en que estos ciudadanos salieran del aeropuerto, porque, como bien se conoce, se está desarrollando un proceso para el arreglo de la pista y estos están habitando en la torre de control”.

Mencionó que ese despacho analizó la recusación y consideró que sí había lugar a aceptar lo que estaba proponiendo la defensa, ya que el predio es propiedad del municipio y el demandante fue el secretario de Interior de San Gil, con función de alcalde, por lo tanto abiertamente no habría una verdadera imparcialidad.

“Esta segunda instancia le corresponde al alcalde de la jurisdicción más cercana al municipio responderla, de acuerdo a la certificación que ha sido expedida por la Secretaría de Planeación Municipal, se certifica que Pinchote será quien deberá en segunda instancia conocer de este proceso y si este no acepta, entonces deberá el Gobernador definir cuál de los dos tiene la razón”.

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