Viernes 23 de Marzo de 2018 - 12:01 AM

Imputaron cargos por urbanización ilegal

A los investigados se les imputaron cargos por los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada en masa, lo que equivaldría a una pena entre 12 a 13 años de prisión en caso de ser hallados culpables.
A los investigados se les hizo imputación de cargos por los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada en masa.

En el Palacio de Justicia de San Gil se realizó el pasdo miércoles la legalización de captura en contra de la junta directiva del proyecto de vivienda ‘Álvaro Uribe’.

Los implicados fueron identificados como Rosembert Gélvez Muñoz (presidente), Mauricio Hernando Lozano, Rosembert Rojas, Expedito Acelas, Jefferson Alexander Argüello, Sergio Dueñas Arenas, y Marlyo Alonso Rodríguez Castillo. En la audiencia, el juez declaró legal la captura hecha por el CTI.

La Fiscalía solicitó la incautación de los teléfonos celulares de los capturados, solicitud que fue aceptada por el juez y apelada por el abogado de los investigados.

Después de varias horas, la audiencia fue aplazada y ayer se le dio continuidad a la imputación de cargos.

Por su parte, el abogado de las víctimas del proyecto de vivienda, Raúl Gómez Quintero, dio a conocer que se han presentado varias situaciones que han alargado la audiencia, afirmando que a los investigados se les hizo imputación de cargos por los delitos de urbanización ilegal y estafa agravada en masa, lo que equivale a una pena entre 12 a 13 años de prisión: “En audiencia de allanamientos, ninguno se allanó a los cargos, afirmando que la exigencia de reparar un 50% de los dineros no les convenía”.

Por otra parte, de acuerdo con la versión de varias de las víctimas del proyecto de vivienda, Rosembert Gélvez se habría internado en una clínica de reposo al momento de enterarse de su captura, según ellos, para eludir la acción de la justicia.

Antecentes

El pasado martes 20 de marzo se dio captura a siete personas miembros de la asociación de vivienda urbanización ‘Álvaro Uribe’ en el municipio de San Gil, pues más de 400 familias denunciaron que invirtieron en este proyecto de vivienda y después de seis años no recibieron lo pactado y tampoco la devolución del dinero.

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