Jueves 05 de Abril de 2018 - 12:01 AM

Confirman fallo sobre reubicación de asentamientos humanos en San Gil

Alcaldía de San Gil deberá permitir que estas personas desalojen de manera voluntaria el lugar, en un plazo de un mes, y una vez vencido este término, el municipio deberá retirar a estos habitantes del asentamiento humano.
Foto de Archivo / VANGUARDIA LIBERAL
Tribunal Administrativo de Santander confirma el fallo de primera instancia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil, con respecto a la reubicación de asentamientos humanos en el municipio.
(Foto: Foto de Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

El pasado 22 de marzo, el Tribunal Administrativo de Santander dio a conocer el resultado de una sentencia de segunda instancia, sobre una acción popular interpuesta por el ciudadano Marco Antonio Velázquez, con respecto a la reubicación de asentamientos humanos en San Gil.

El Tribunal confirma el fallo de primera instancia, de fecha 18 de abril de 2017, donde el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de San Gil resolvió declarar: “probada la vulneración o amenaza de los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos domiciliarios, y a su prestación eficiente y oportuna a la seguridad pública, y prevención de desastres previsibles técnicamente, y al goce de un ambiente sano, consagrados en el artículo 4 de la ley 472 de 1998, con ocasión al asentamiento humano ubicado en el sector Ragonessy”.

Asimismo, el Juzgado Segundo Administrativo declaró en el fallo de primera instancia, administrativamente responsable al municipio de San Gil por omisión en el cumplimiento, de la vulneración de derechos colectivos declarado en el punto anterior, así como ordenar al municipio que en el término de un mes, a partir de la ejecutoria del fallo, realice un censo con el fin de incluir a todos los habitantes del asentamiento humano localizado en Ragonessy.

El fallo manifiesta que para dar cumplimiento al mismo, la Alcaldía deberá hacer una socialización sobre esta decisión y sensibilización, permitiendo que las personas que allí residen desalojen de manera voluntaria el lugar, en un plazo de un mes, y una vez vencido este término, el municipio, en compañía de la fuerza pública, deberá ejecutar las acciones administrativas y policiales, para retirar los habitantes del asentamiento humano.

Por otra parte, también ordena que el municipio a través de la CAS, recupere los recursos naturales afectados en el sector, con ocasión del asentamiento, así como no permitir que este tipo de hechos se vuelvan a presentar.

Asimismo, la integración de un comité permanente de verificación conformado por el actor popular, con un representante de la Personería, CAS, municipio de San Gil y representante de las familias ubicadas en el asentamiento, para garantizar el cumplimiento de la órdenes dadas por la sentencia.

Ante esta sentencia, Néstor José Pereira Sánchez, actual secretario jurídico de San Gil, afirmó que solo quedaba acatar lo ordenado por el juez: “Nos vamos a reunir con un delegado de la paz, Policía nacional, Secretaría del Interior, Personería, para iniciar un censo y dar cumplimiento a las demás etapas de la sentencia”.

En cuanto a la reubicación de las personas residentes en el sector Ragonessy de San Gil, el Secretario dio a conocer que este es un tema difícil: “Si esta administración cuenta con los recursos de reubicación, lo hará”.

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