Asimismo en el seccional local solo se atiende los casos que se consideran urgencias forenses los delitos de tipo sexual y la alcoholemia, si tienen una connotación penal.

“Esta es una forma de presionar al Gobierno Nacional para que accedan a nuestras justas peticiones. Estamos generando una congestión y ejerciendo presión para agilicen los trámites y nos den una respuesta”, dijo  Jairo Fuentes Pérez, vicepresidente seccional del Sindicato Nacional de Empleados de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Sindemedilegal.

Los empleados protestan porque no fueron incluidos en la nivelación salarial de la Rama Judicial, de la cual hacen parte. Cabe recordar que el aumento que concedió el Estado a los trabajadores de la Rama Judicial fue del 26%, más el 4,7% de la IPC (Índice de Precio del Consumidor), mientras que los de Medicina Legal solo tendrían el aumento del IPC.

Hasta el momento no se han presentado quejas de las personas que necesitas los servicios del instituto. “Le pedimos compresión a la ciudadanía. Que sean solidarios con nosotros. Queremos que nos entiendan, somos trabajadores y queremos que nuestra labor sea bien remunerada”, concluyó Fuentes Pérez.

Medicina Legal Bucaramanga tiene alrededor de 85 trabajadores.

El presidente de Sintrasol informó que cerca de mil 500 trabajadores y pacientes de la unidad de oncología se desplazarán a la capital del país para expresar su inconformismo ante el Gobierno Nacional por la liquidación de Solsalud.

Díaz expresó a Vanguardia.com que pese a que el agente liquidador, Fernando Hernández Vélez, pasadas las 10:00 a.m. de este miércoles recibía la orden para hacer posesión de las instalaciones de la EPS en Bucaramanga, este funcionario aún no ha hecho su ingreso a la entidad.

Cronología de la protesta

Hacia las 8:00 de la noche del pasado domingo, cerca de 400 personas se tomaron las instalaciones de Solsalud ubicadas en el Parque de los Niños con el fin de protestar por lo que ellos califican como un “proceso de liquidación amañado” del Gobierno Central.

También cerca de las 8:30 a.m. del pasado lunes, el agente liquidador llegó por primera vez a tomar posesión de la sede central de la entidad ubicada en el Parque de Los Niños, pero no le fue permitido el ingreso por parte de los empleados de Solsalud.

El hecho más reciente se produjo pasadas las 4:00 p.m. del pasado martes cuando escoltado por cerca de ocho agentes de la Policía Nacional, llegó el agente liquidador, Fernando Hernández Vélez, quien le expresó al representante de los trabajadores de Solsalud, Óscar Díaz, su intención de hacer posesión de las instalaciones de la entidad. Sin embargo, la diligencia no se llevó a cabo porque decenas de empleados se apostaron en la puerta de ingreso.

Luego de varios minutos de acalorada discusión, un delegado del Ministerio de Trabajo levantó un acta en el que las partes involucradas expusieron su posición y se dejó pendiente la entrada del agente liquidador a la sede principal de Solsalud.

Es de resaltar que la noche de este miércoles, los 400 manifestantes completarán 72 horas de toma ininterrumpida de las oficinas de Solsalud.

Cabe recordar que la Superintendencia de Salud informó que liquidará a Solsalud, luego de su intervención el pasado 27 de marzo de 2012.

Los más de 2.500 trabajadores, entre ellos médicos, enfermeros y especialistas en enfermedades de alta complejidad del corazón, que hacen parte de la Fundación Cardiovascular de Colombia, ya trabajan en red con el uso de la tecnología Apple, que viene implementando y perfeccionando desde hace diez años.

Atrás quedó el uso de papel para trámites, resultados de exámenes, fórmulas y diagnósticos. Un total de 550 mil historias clínicas se encuentran digitalizadas y 22 mil imágenes de exámenes pueden analizarse en tiempo real gracias a la articulación del dispositivo Dicom, un protocolo reconocido mundialmente para el intercambio historias clínicas, almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes médicas.

Los taxistas anunciaron a Vanguardia.com que la próxima semana un protesta como respuesta a lo que consideran incumplimiento de loa acuerdos pactados por parte de la administración del alcalde Luis Francisco Bohórquez y los presuntos 15 atracos diarios que se cometen en contra de los transportadores.

Al respecto, el mandatario local expresó que ellos menos que nadie pueden quejarse, “ya que son quienes más disfrutan de la recuperación del espacio público”.

El Alcalde de Bucaramanga fue enfático en afirmar que “el Gobierno y la Policía no van a permitir desmanes, caos y acciones de desorden en la Ciudad”.

Bohórquez Pedraza manifestó que tras los operativos de recuperación del espacio público, los taxistas pueden realizar sus servicios de manera más rápida, hay mayor percepción de seguridad en las calles y no se ha bajado la guardia en los operativos contra el transporte informal.

El Alcalde de Bucaramanga finalmente invitó a los ciudadanos a “no dejarse confundir con estos mensajes y apoyar las medidas adoptadas por la Administración Municipal”.

El punto de discordia según afirmó el representante de la Veeduría Metropolitana de Taxis, Campo Elías Gómez, es que “los líderes del gremio estamos en asamblea permanente para analizar la posibilidad de establecer una jornada de protesta por la poca efectividad en la lucha contra la ‘piratería’, abusos de los empresarios de las empresas de transporte y la falta de seguridad para operar”.

Cabe recordar que 4 mil 300 taxistas tendrían planeada una jornada de protesta que incluye un ‘plan tortuga’ durante las horas ‘pico’ y suspensión en la prestación de servicio a los usuarios.

El próximo 5 de junio se realizará la jornada sin vehículos particulares. Durante las 12 horas en que estos vehículos no podrán transitar, los motociclistas tampoco podrían llevar parrillero. En las redes sociales no se hicieron esperar las voces a favor y en contra de la iniciativa.

Los usuarios que apoyan la posible restricción señalan que es importante para regular el mototaxismo, además de la posible inseguridad que representa el parrillero para los muchos transeúntes que tendrán que movilizarse a pie. Así lo expone @LoreAndreaDiaz: “Evitemos que nos cojan a los ciudadanos de a pie sin con qué defendernos ante dos delincuentes en moto”.

No obstante, la mayoría de las personas que respondieron no aprueban la iniciativa. Algunos señalan que es una ‘maniobra’ para que los ciudadanos deban utilizar el Sistema Integrado de Transporte Masivo. “La única razón de esta medida es obligarnos a usar Metrolínea. Esto no aporta nada a la salud del medio ambiente”, expresa @JuulianD. Sobre este punto, los usuarios puntualizaron que el sistema no tiene la cobertura adecuada para soportar el flujo de pasajeros ese día, más si el transporte en motocicletas es limitado. “Metrolínea no cubre la totalidad de barrios de Bucaramanga y en moto sería una única opción”, opina @campo_07.

Algunas personas se refirieron al tema de la estigmatización a los conductores de estos vehículos. Así lo asegura @eantolinez: “El gobierno local ve a todos los motociclistas como mototaxis y eso no es así”.

Hay dudas incluso sobre si el tránsito de estos vehículos debería ser permitido. “No tiene sentido: ocupan el mismo espacio. Deberían pensar en el día sin moto, eso sería el paraíso”, apuntó @javiervlqz. Otros advierten que se han descuidado otros factores en la óptima movilidad de la ciudad. “El ‘Día sin Carro’ es un eufemismo pues sale uno y el trancón es de amarillos, así que se lleve parrillero o no es irrelevante. Propongo el ‘Día sin Taxi’: se mejoraría la movilidad en un 40%, y Metrolínea y buses ganan”, asevera el usuario @pabloflowers.

En la actualidad, la medida es analizada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga para lograr que la jornada sea exitosa no sólo frente a la movilidad, sino también en el objetivo final de reducir el daño medioambiental que producen los vehículos. Frente a ello, @antonioduarchi menciona: “El ‘Día sin Carro’ debe ser sin motos también. ¡Solo vehículos públicos!”.

En el 2008 se iniciaron las obras en este pabellón del centro penitenciario, que fue demolido y reconstruido. Sin embargo, la estructura quedó en obra negra porque se agotaron los recursos que giró el Gobierno Nacional. 

“Se acabó el dinero y por eso no se pudo terminar el patio, pero estamos esperando la respuesta de la Contraloría para ver si es viable invertir nuevamente recursos y ponerlo en funcionamiento nuevamente”,  dijo García Forero.

La Cárcel Modelo de Bucaramanga tiene en la actualidad 2.950 internos y su capacidad inicial fue de  1.700 reclusos. El hacinamiento es del 150%.

‘Bolsa comunitaria’

La directora Regional del Oriente del Inpec aseguró que ya se han realizado conversaciones con el Personero Municipal, el Procurador Regional, el Gobernador y  los alcaldes del área metropolitana para buscar recursos y brindar soluciones a la problemática carcelaria. La idea es que todos brinden su aporte en un fondo común.

“Esta es una problemática que nos atañe a todos. Hemos estado en reuniones con los alcaldes del área metropolitana y el Gobernador y estamos mirando en construir una bolsa comunitaria para adecuar el patio numero uno y en cierta manera solucionaría el tema del hacinamiento”, concluyó la directora Regional del Oriente del Inpec.

Así es el hacinamiento en las cárceles de Santander

                                                                      Internos                   Capacidad

Cárcel Modelo de Bucaramanga                          2.950                           1.700

Cárcel de Barrancabermeja                                 540                               300

Cárcel de Socorro                                               450                               280

Cárcel de San Gil                                                195                               100

El jurista aseguró que se estima que mientras mensualmente ingresan 3.500 internos a los centros carcelarios en el país, en ese mismo lapso solo recuperan la libertad cerca de 1.700.

Cabe recordar que las autoridades ambientales y de salud de la región ordenaron sellar los patios 2, 4 y 5 de la Cárcel Modelo de Bucaramanga, ante el alto nivel de hacinamiento y las precarias condiciones higiénicas y de salubridad.

El Consejo Superior de la Judicatura presentará un proyecto de ley para agilizar las penas menores y se pueda lograr una libertad pronta y oportuna de los reclusos. Así se evitaría el hacinamiento en los centros penitenciarios.  

La Cárcel Modelo de Bucaramanga tiene en la actualidad 2.950 internos.

La protesta se inició a las 10:35 a.m. de este martes, y tras la intervención de la Policía, una hora después se despejó la carrera 19 con calle 22.

Al respecto, Nelson Castellanos, vocero de los comerciantes, afirmó a Vanguardia.com que se trató de una manifestación pacífica.

“Decidimos protestar porque los operativos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Policía Nacional impiden que los vehículos se estacionen. No tenemos clientes por esta situación. Las autoridades normalmente veían una vez por semana, ahora, hace controles todos los días…”, explicó el comerciante.

Castellanos agregó que un centenar de negocios, ubicados en la carrera 19, entre la calle 24 y el Bulevar Santander, tienen afectados sus ingresos.

Para esta tarde se programó una reunión entre comerciantes y autoridades para analizar el tema.

Al respecto, el jefe de la Policía de Tránsito de Bucaramanga, teniente Néstor Rodríguez, manifestó que cerca de 50 personas intentaron bloquear la vía debido a los controles de parqueo que realizan los uniformados la Seccional de Tránsito y Transporte.

“En esta zona los controles seguirán. Estamos impartiendo en promedio seis multas a conductores que se estacionan de forma irregular e impiden el normal tránsito por esta vía”, precisó el oficial.

Además, se advirtió que ninguna persona puede ejercer el comercio informal en vías, parques o andenes de la ciudad.

Según cifras del secretario del Interior de Bucaramanga, René Rodrigo Garzón, cerca de 150 vendedores ambulantes continúan “tratando de conseguir el sustento diario en las calles”.

Garzón Martínez informó que a partir de esta semana el grupo de recuperación del Espacio Público, conformado por Policía y funcionarios de la Secretaría del Interior, trabajará en los operativos de control durante las noches para evitar una nueva invasión de las calles.

El funcionario sentenció que los elementos decomisados serán destruidos de inmediato por las autoridades. A la fecha van 18 mil 200 decomisos de mercancía y elementos utilizados para las ventas callejeras.

Loteros y lustrabotas

Para el caso de tinteros, tinterillos, loteros y lustrabotas, quienes aún permanecen ejerciendo su actividad comercial en el espacio público de Bucaramanga, la Administración Municipal  reveló que este miércoles será entregada la oferta institucional para que estas personas puedan ser reubicadas.

El Secretario del Interior expresó que  “el Instituto Municipal del Empleo de Bucaramanga tiene listas las consolidaciones económicas para esta población, a través de los programas de emprendimiento”.

Finalmente, Garzón Martínez denunció que algunos integrantes del comercio formal están arrendando las paredes de sus locales a los ambulantes para que  ejerzan sus ventas allí y evadan el control de las autoridades.

Ante un juez con función de control de garantías, la Fiscalía Cuarta Seccional de Socorro le imputó cargos al exalcalde de ese municipio, Humberto Chinchilla Mora, por los delitos de peculado culposo y celebración de contratos sin el lleno de requisitos.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, el exalcalde celebró el 3 de noviembre de 2010 un contrato de donación con la Licorera de Santander, consistente en la entrega de los bienes muebles que se encontraban en el parque recreacional El Lago de Floridablanca, para ser reutilizados en un parque acuático que se construiría en el municipio del Socorro.

Para el transporte de los bienes muebles entre Floridablanca y Socorro la Administración invirtió $21 millones 400 mil pesos. Estos objetos se encuentran abandonados como bienes inservibles.

En contra del exalcalde la Fiscalía adelanta cuatro indagaciones preliminares, de las cuales se conocerán sus resultados en los próximos días.

Al finalizar la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía apeló la decisión del Juez, por no dictar la medida de aseguramiento en contra de Chinchilla Mora, quien seguirá vinculado al proceso mientras se resuelve su situación frente a este proceso.

Director de Fiscalías

Gilberto Villarreal, Director Seccional de Fiscalías, dijo a este medio que en la actualidad se siguen otras investigaciones contra otros exmandatarios de la provincia de Guanentá y Comunera, y aseguró que “una de las banderas del Fiscal General de la Nación es la lucha contra la corrupción en cualquier nivel, y en el caso de los delitos contra la administración pública en lo que respecta al distrito judicial de San Gil, la dirección ha venido trabajando para que los casos que se encuentran incursos se adopten las decisiones que correspondan para que oportunamente y en tiempo real se pueda definir la situación de los implicados y sí es cierto, existen varias investigaciones contra funcionarios y exfuncionarios públicos y estamos trabajando”.

Habla el exalcalde

Humberto Chinchilla Mora, sobre el proceso que sigue la Fiscalía en su contra, dijo: “Me parece que la Fiscalía fue un poco fuerte conmigo, no entendí la posición del Fiscal realmente porque él pedía una medida de aseguramiento por ser un peligro para la sociedad socorrana y me parece que exagera, sin embargo, pienso que la gente me reeligió porque mi primera administración fue excelente a los ojos inmediatistas de la comunidad, yo considero que fue mejor la segunda que la primera Alcaldía, porque desarrollamos una gran visión de futuro para Socorro, el problema es que esta administración, lo digo con tristeza, que los casos que no quedaron completos son de mi periodo, pero casos importantes como el agua son de él, y en eso no hay equilibrio”.

Como “seres humanos actuamos de buena fe de acuerdo a nuestro principios a la ética y formación familiar, y seguramente por omisión o por acción pudimos tener algunas equivocaciones, lo que sí es muy cierto es que ninguna actuación mía se hizo de mala fe. Esos aparatos los desmontaban porque llevaban 40 años de funcionamiento y dónde está mi equivocación, en no mirar que el comodato decía que esos aparatos tenían un valor y en el comodato también decía que estaban en buen funcionamiento, creímos que era así y cuando los trajimos nos dimos cuenta que no servían para nada”.