sábado 15 de agosto de 2009 - 10:00 AM

$1.000 millones deben pagar UIS y HUS por contagio de VIH

El Hospital Universitario y la Universidad Industrial de Santander, UIS, deberán pagar mil millones de pesos por los perjuicios causados a cuatro ciudadanos, quienes fueron contaminados con el Virus de Inmunodeficiencia Humana, conocido como VIH.

La decisión la adoptó la magistrada Ruth Estella Correa, integrante de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tras conocer la demanda que contra las dos instituciones interpusieron los afectados, y que hoy está consignado en el proceso 15033.

Según se pudo comprobar, los hechos se presentaron en 1992 mientras los cuatro ciudadanos eran atendidos en la unidad de diálisis del hospital demandando, por lo cual el alto tribunal concluyó que esa entidad tiene toda la responsabilidad.

Al respecto, consideró que la contaminación se produjo como consecuencia de las fallas que se presentaron a nivel de bioseguridad, las mismas que fueron ocasionadas por deficiencias de tipo administrativo.

El Hospital Universitario se opuso a las pretensiones de la demanda, entre otras razones, por considerar que 'no hay lugar para pensar que el contagio se produjo en esa unidad (diálisis), porque algunos pacientes sometidos al mismo procedimiento no resultaron contagiados'.

En ese mismo sentido, estimó que 'algunos de los que resultaron positivos para VIH eran negativos para hepatitis B, a pesar de que este virus es de mayor agresividad y se transmite por los mismos medios'.

Un pronunciamiento en el mismo sentido emitió la Universidad, al considerar que los pacientes fueron atendidos debidamente 'bajo todos los parámetros establecidos por las unidades superiores de salud y por el entonces Hospital Ramón González Valencia'.

Otras causas

Las causas detectadas dentro de la investigación llegaron más allá. Se detectaron deficiencias en la atención a los pacientes, pues nunca se ordenó la práctica de pruebas para la detección del virus.

Pero esas no fueron las únicas fallas. También hubo deficiencias del personal paramédico por no haber pedido asesoría sobre la forma como debían adelantarse procesos de esterilización y la falta de voluntad y compromiso de los funcionarios de la institución en cuanto a la manera de evitar y controlar las infecciones.

En relación con la responsabilidad aplicable a la Universidad, el Consejo de Estado consideró que esta es responsable, pues tenía a cargo la administración de la unidad renal y prestaba asistencia médica a los pacientes, por lo tanto, tenía que advertir la necesidad de su protección con la práctica de la prueba y el cuidado de las medidas de bioseguridad.

Todas esas anomalías se presentaron por varios meses, mientras los pacientes deambulaban sin saber su condición como portadores del VIH, a pesar de que el contagio ya había sido detectado por el personal médico que guardó silencio al invocar 'una supuesta protección a la intimidad de los pacientes'.

Esas fallas fueron las que le permitieron al alto tribunal desestimar las pretensiones de los afectados para, en su lugar, considerarlos responsables y en ese sentido ordenar el pago de cerca de $1.000 millones a favor de los afectados.

se pronuncian las instituciones

Al cierre de esta edición, Vanguardia Liberal se comunicó con los dos directivos de las entidades sancionadas.

Con respecto de la decisión tomada por el Consejo de Estado, Jaime Alberto Camacho Pico, rector de la Universidad Industrial de Santander, manifestó que si bien la institución aún no ha sido notificada, 'estamos esperando conocer en detalle el fallo para saber cuáles son las sanciones que le corresponden tanto al Hospital como a la Universidad, y de esta manera, dar cumplimiento'.

De la misma manera, Camacho Pico explicó que 'como se trata de un fallo de última instancia, no queda más que cumplirlo y, en dado caso, examinar si se requiere tomar acciones internas contra funcionarios. Sin embargo, por el momento tenemos entendido que no será necesario pues los procedimientos médicos a los que se refieren, en ese momento contaban con el aval internacional'.

Aunque no ha sido notificado de forma oficial por el alto tribunal, el gerente del Hospital Universitario de Santander, Luis Alberto Hernández Jaruffe, manifestó que 'acatamos las decisiones de la Corte Suprema de Justicia como de cualquier autoridad del país'.

Sin embargo, aclaró que los hechos ocurrieron en el año 1992 cuando entonces existía el Hospital Universitario Ramón González Valencia, liquidado el 4 de febrero de 2005. 'Cuando se liquidó el Hospital se dejó un fondo con recursos para atender cualquier indemnización que se produjera a partir de sentencias o demandas. La indemnización señalada por la Corte, entonces la asumiría el ente liquidador del Ramón González Valencia'.

Para finalizar, el directivo apuntó que el nuevo Hospital, HUS, cuenta con todas las medidas de protección y estándares de calidad para que no se presente ningún evento adverso, como el ocurrido hace 17 años. 

 

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