El asesinato de Anderson Ortiz Almeida, de 19 años, ocurrido esta semana en medio de una riña en la que estaban involucrados dos adolescentes, uno de 18 años y otro 16, fue el caso más grave sucedido en Bucaramanga en el que estaban involucrados menores de edad.
Publicado por: DIANA C. LEÓN DURÁN
La situación va en aumento en la ciudad, al igual que delitos como hurto y tráfico de estupefacientes que son los que más cometen los menores de edad.
Según el Instituto de Bienestar Familiar, Icbf, en Bucaramanga desde que empezó a funcionar en la ciudad el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, SRPA, en 2008 se recibieron 32 jóvenes, para 2010 la cifra fue de 1.469, y entre enero y junio de este año la cifra ya va en 1.048.
De estos casos aproximadamente el 95% se presentan en jóvenes pertenecientes a los estratos 0, 1 y 2.
Pero no sólo el incremento de menores infractores preocupa a los expertos en materia penal. También lo es el colapso del sistema penal para adolescentes que es inminente, y que viene de muchos años atrás.
No hay infraestructura adecuada para atenderlos, ni mucho menos para resocializarlos, no hay oportunidades de trabajo ni educación, no hay familias sólidas y personal idóneo para atender los casos. Para los expertos en el tema, el panorama no puede ser peor, lo que hace que los retos sean mayores.
Hablan las cifras
De acuerdo a las cifras que se han podido consolidar en el distrito judicial de Bucaramanga, cerca del 43% de los jóvenes sancionados en el sistema y declarados responsables penalmente, tienen que ver con hurto, el 29% con delitos relacionados con el porte y comercialización de sustancias sicoactivas y el 7% por delitos como actos abusivos sexuales y homicidios.
“Esto implica que el fenómeno del microtráfico de sustancias sicoactivas está relacionado con los delitos de hurto. Los chicos roban usando y para acceder sustancias sicoactivas y para mantener el status que se requiere para estar en el círculo de la delincuencia juvenil. Estos constituyen casi el 70% de las infracciones dentro del sistema, que requieren ser atendidos con urgencia. No existe una oferta clara para atender desde el punto de vista de salud a los jóvenes, un tratamiento privado cuesta casi $6 millones y en el sistema público las citas con especialistas tardan tres meses para tratar jóvenes con adicción”, aseguró el director de la Fundación Creser, Fabián Fernando Mayorga Rodríguez.
Tan sólo en Bucaramanga, según cálculos preliminares, hay casi un 35% de sobrecupo en las instituciones que atienden a los menores infractores.
“Muchas veces se generan represamientos y hay que soltar jóvenes; eso genera problemas de impunidad y que la gente pueda tomar la justicia por sus manos”, añadió Mayorga Rodríguez.
Los operadores en el sistema cuentan con 205 cupos con privación de libertad para adolescentes niños y niñas, y en liberad vigilada hay una oferta de 120 cupos.
Debate es mucho más profundo
Para la senadora del partido verde Ángela María Robledo, el debate no sólo debe ser de instituciones. En el país durante los últimos años se han dado a conocer casos estremecedores. El año pasado hubo tres jóvenes asesinados en Puerto Asís y más de 90 amenazados. También cabe en la historia la violencia en Medellín concentrada en la Comuna 13.
Para la senadora es alarmante que en el país, la principal causa de muerte en los jóvenes sea la violencia, y que dicha situación es causante de la pobreza y falta de oportunidades.
“Los chicos malos también tienen oportunidades y el sistema está en crisis.
La legisladora hace parte de la comisión de seguimiento al SRPA, que debe presentar en 4 meses un balance del desarrollo del sistema en el Congreso de la República. Posteriormente se decidirá en el país cual debe ser la autoridad competente para dirigir dicho sistema.
Precisamente una de las inquietudes que ha hecho pública la senadora sobre el debate al Icbf es sobre los billonarios recursos que el ente recibe. “para el año 2006 el presupuesto de la institución era de $2,1 billones, para 2010 pasó a $3,2 billones y para el próximo año sería de $4 billones si se aprueba el presupuesto, ¿para dónde van estos recursos?”, cuestionó Robledo.
Hogares Claret, al tope
Para el director de Hogares Claret en Santander, Sergio Garcés, el sistema colapsó desde hace mucho tiempo: “Si no podíamos cumplir con el código del menor, mucho menos el tema de la Ley de Infancia y Adolescencia. La situación en el departamento es muy preocupante más cuando no tenemos instituciones ni infraestructura para atenderlos y los perfiles de los jóvenes y las situaciones delincuenciales también son diferentes cada año. No tenemos zonas recreativas, ni aulas ni talleres prelaborales”, aseguró el directivo.
El centro tiene cupo para atender 200 jóvenes, actualmente recibe 205 y, según Garcés, hay problemas de hacinamiento y salubridad. La mayoría de jóvenes pagan penas por hurto calificado y microtráfico.
El 55% de los recursos los garantiza el Icbf, el resto son desembolsados por el municipio de Bucaramanga y los del área metropolitana, adicionalmente la Gobernación de Santander compromete recursos.
Precisamente ayer se acordó que ante el problema de hacinamiento la Gobernación aportará $53 millones y medio para la ampliación de dicha institución.
Justicia maniatada
La percepción para los jueces, fiscales y defensores no es diferente al panorama que se vive el país. “Nos preocupa especialmente el incremento de las cifras en Santander. Si seguimos en la espiral tendremos a final de año 2.100 jóvenes ingresando al sistema lo que significa casi un crecimiento del 70% respecto al año pasado, pero en dónde metemos más jóvenes si los espacios no son adecuados. Hay que frenar esa espiral, porque ese va a ser el caldo de cultivo para tener más personas en las cárceles del país”, dijo el juez segundo de menores Juan de Dios Solano.
Para la justicia también es imperante más instituciones de resocialización. “Hay semanas en las que no hay dónde llevar a un niño que capturan, les toca quedarse en El Redentor y hay todavía niños allá cumpliendo penas. Urge hacer otra institución para la atención de los adolescentes”, aseguró Fanny Amparo Jerez Flórez, defensora pública.
Falencias del sistema
1 No hay justicia especializada para menores en Colombia ya que para este esquema se utiliza el sistema penal tradicional.
2 No hay centros de resocialización que cuenten con la infraestructura necesaria.
3 No hay cifras estandarizadas en el país, cada institución maneja indicadores propios.
