El Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA), Alejandro Gualy Guzmán, aseguró ayer que los cobros que se están haciendo en la tarifa de agua potable para financiar el Embalse de Tona están completamente justificados y ajustados a la actual normativa de esa entidad.
Publicado por: JUAN CARLOS CHÍO
El Funcionario visitó ayer la capital santandereana para aclarar la polémica que se generó a raíz de una decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión, que en un fallo de primera instancia le ordenó al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) suspender estos cobros, hasta tanto “la CRA no emita un concepto sobre su viabilidad en un término de dos meses”.
Al respecto, Gualy Guzmán indicó que se enteró de la noticia por fuentes externas y aún no ha recibido una comunicación oficial, pero fue enfático en aclarar que no hay ninguna violación a las disposiciones de la CRA y “lo que vemos es que muy probablemente el juez malinterpretó las resoluciones emitidas por la entidad”.
El Funcionario aclaró que las reglas para definir las tarifas de servicios públicos fueron establecidas con la Ley 142 de 1994 y la Resolución 283 de 2004 de la comisión reguladora, las cuales permiten incluir en el cargo de consumo un rubro para obras de inversión o expansión, tales como la ampliación de redes o la construcción de embalses.
¿En qué se equivocó el Juzgado?
El directivo de la comisión reguladora explicó que la Resolución 271 de 2001 de la CRA, citada por el juez que ordenó la suspensión, no aplica en este caso particular, pues esta normativa se usa solo cuando se quiere modificar la tarifa para pagar imprevistos u obras que no fueron planificadas en su momento. Estos cambios, por ser posteriores a la definición de las tarifas, sí requieren de autorización de la CRA.
Este, sin embargo, no sería el caso del Embalse de Tona, cuya construcción ha sido planificada desde hace varios años y el AMB lleva ahorrando para su financiación desde 2005.
De hecho, ante la necesidad de garantizar el acceso a agua potable a futuras generaciones, la Junta Directiva del AMB aprobó en su momento el cobro del polémico rubro para financiar el Embalse.
Para ello fue necesario seguir un riguroso procedimiento dispuesto por la CRA en la Resolución 283 de 2004, que definió unos modelos tarifarios que permiten calcular la tarifa a partir de datos como los activos de las empresas de servicios, los gastos de administración, sus futuras inversiones en reposición, rehabilitación y expansión y el consumo de los suscriptores que tiene.
“Es muy importante aclarar esto, la CRA no tiene la facultad de definir tarifas, sino la de disponer unos lineamientos y modelos tarifarios para que las mismas empresas de servicios públicos o los Alcaldes lo hagan”, dijo Gualy Guzmán, quien explicó que a pesar de la gran inversión que se está haciendo para la construcción del embalse, la capital santandereana sigue teniendo una de las tarifas más económicas entre las principales ciudades del país.
