Luego de que se rematara el inmueble, ubicado en la calle 35 N° 8-75 del centro de la ciudad, en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, y de que el abogado de la propietaria denunciara irregularidades en el proceso, la Personería dijo que el negocio se tiene que deshacer.
Publicado por: LUIS ALFONSO CÁRDENAS MATEUS
“Estamos buscando la forma de impugnar el remate, porque el predio fue declarado Patrimonio Cultural a través de una Ley (Ley 48 de 1966) y no se puede vender. La Alcaldía y el Ministerio de Cultura son quienes deben adquirir el bien, y en el proceso de remate el Juzgado debió ofertarlo primero a estas entidades”, manifestó Augusto Rueda González, personero de Bucaramanga.
El funcionario agregó que al parecer hubo un arreglo en el procedimiento del remate y que hubo ‘intereses’ con el fin de comprarlo y luego venderlo. “Vamos a verificar cuál fue el compromiso que hizo la Alcaldía y el Ministerio para la compra del predio, porque tenemos entendido que se había adelantado algo de la negociación con la administración anterior. Debemos establecer si hubo negligencia o fue demora en los procedimientos”, sostuvo Rueda González.
Por su parte, Eric Roney Chaparro Quintero, abogado de la propietaria, dijo que pedirá la nulidad del proceso de remate y presentará todas las irregularidades en dicha diligencia. Primero, porque la casa no se podía hipotecar debido a que es Patrimonio de la Nación. Segundo, porque el Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bucaramanga comprar el predio y hasta el momento no lo han hecho. Tercero, porque la Financiera Comultrasan nunca llamó a los herederos para conciliar la deuda.
El abogado agregó que está estudiando una tutela sustentada en la violación al debido proceso. “El juzgado me había reconocido como coadyuvante y resulta que me sacaron sin justificación. La Juez simplemente dijo que había sido un error y que luego se corregiría”, dijo Chaparro Quintero.
Vanguardia.com tuvo acceso al expediente y verificó que la anterior propietaria del inmueble, Dominga Valdivieso Viuda de López, falleció en el 2001 y dejó como heredera a Carmenza López Valdivieso, quien al momento del deceso de Dominga allegó comunicación al Juzgado manifestando lo sucedido y que por lo tanto la deuda se debía dar por terminada o en su defecto que las aseguradoras del préstamo asumieran el pago de éste, sin embargo, Gloria Núñez Peñaloza, actual dueña, no recibió respuesta del Juzgado, de la Financiera Comultrasan y tampoco de la aseguradora. “Esta es otra irregularidad en el proceso, además de que se había interpuesto un recurso de reposición que impedía que el auto que fijó fecha para el remate estuviera en firme”, concluyó el abogado.
La deuda
En 1997 la propietaria del inmueble, Dominga Valdivieso Viuda de López, solicitó un préstamo a la entonces Cooperativa de Trabajadores de Santander, Coomultrasan Ltda, hoy Financiera Comultrasan por algo más de $60 millones. Antes del 2001 se habían pagado más de $70 pero esto no daba por terminada la deuda, mientras tanto los intereses continuaban y actualmente el monto a pagar asciende a los $320 millones.
Gloria Núñez Peñaloza, quien asumió dicha obligación, no tiene el dinero para pagarla, aún así pidió ayuda a algunos conocidos y antes del remate presentó tres propuestas de pago: una por $200 millones, otra por $250 y la última por $300 millones, “pero los abogados de la Financiera no aceptaron ninguna y me tuvieron de allá para acá hasta que se cumplió el tiempo de la oferta y no pude participar”.
Vanguardia Liberal se comunicó con el abogado de la Financiera Comultrasan que estuvo al frente del proceso de remate, David Augusto González, y manifestó que no podía referirse al tema porque no estaba autorizado.
Acciones inmediatas
La Alcaldía de Bucaramanga como uno de los directos implicados enviará, a través de la oficina jurídica, una comunicación a la Oficina de Instrumentos Públicos para que se haga la anotación en el registro del bien como Monumento Nacional, con el fin de evitar que se haga cualquier otra anotación.
Mientras tanto la Personería hará las investigaciones pertinentes ante la Alcaldía y el Ministerio de Cultura para establecer por qué no se hizo la compra si tenían órdenes del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Santander. La propietaria y su abogado interpondrán las acciones jurídicas pertinentes para pedir la nulidad del proceso.
