Estas ilegales formas de conseguir casas, así como gozar de los diferentes beneficios estatales cuando no se necesitan, tipifican un negocio que deja grandes utilidades a los avivatos; entre otras cosas porque estas viviendas a ellos les resultan totalmente gratis.
Publicado por: EUCLIDES ARDILA RUEDA
Invadir un asentamiento subnormal para acceder a subsidios de viviendas sigue siendo un “buen negocio” para los avivatos.
Nada más en un barrio como Villas de San Ignacio, construido para los destechados, 35% de los beneficiados con los aportes del Estado ya vendieron sus propias casas o las tienen arrendadas.
Hay datos concretos al respecto. Veamos:
De las 1 mil 865 viviendas de interés social que se adjudicaron en ese barrio de Bucaramanga, 653 ya fueron negociadas o están alquiladas a otros grupos familiares.
Lo peor es que esos mismos hogares favorecidos hoy están ocupando otras áreas de riesgo de la meseta de Bucaramanga, y se encuentran a la espera de nuevos auxilios.
El número de casos, que aumenta durante la llegada de las temporadas invernales, fue denunciado por Silvia Johanna Camargo Gutiérrez, directora del Instituto de Vivienda de Interés Social del Municipio, Invisbu.
El caso es tan preocupante que, según la funcionaria, su despacho prepara una investigación exhaustiva para dejar al descubierto a los fraudulentos.
“Hemos comprobado, con documentos en mano, varias transacciones en donde los dueños de las viviendas de interés social han transferido los dominios de sus propiedades antes de los 5 años de permanencia en el lugar”, agregó.
Recordó que, quienes insisten en esas prácticas, de ningún modo podrán acceder a las denominadas Viviendas de Interés Prioritario, VIP, que anunció el Gobierno Nacional, con una inversión de 3,7 billones de pesos.
Dijo que, los responsables de este delito serán sancionados de manera drástica.
También venden lotes en zonas de alto riesgo
La fea costumbre de invadir lotes en zonas subnormales va ligada a una especie de “mafia de urbanizadores” que, en el papel, se dedican a venderles a incautos algunos terrenos inestables.
La voz de alerta la emitió la Cdmb, al tiempo que les solicitó a los ciudadanos abstenerse de comprar lotes en zonas de alto riesgo en la capital santandereana o en cualquiera de los municipios del área metropolitana.
La idea es evitar que personas inescrupulosas engañen a la comunidad y le ofrezcan fraudulentos proyectos
urbanísticos.
De hecho, se conoció que la entidad estatal adelanta procesos judiciales contra ocho programas fallidos, los cuales se desarrollan no solo en Bucaramanga, sino también en Floridablanca y en Girón.
Los promotores de estas urbanizaciones ilegales actúan con cómplices; es decir, buscan personas aliadas y sin escrúpulos que se dedican a organizar la invasión de los terrenos.
Lo peor es que, argumentando un alto grado de vulnerabilidad, los promotores de estos proyectos se postulan para los subsidios de viviendas del Gobierno.
Lo que dice la ley
La Administración Municipal les sigue la pista a hogares que han recibido viviendas con subsidios del Estado en la zona urbana y que están arrendando o vendiendo tales moradas.
Los ilegales accedieron a estos beneficios, tras haber invadido zonas de alto riesgo de la meseta de Bucaramanga.
Una persona que resulta favorecida con tales aportes oficiales, no puede vender su predio antes de cinco años.
Cualquier tipo de transacción que se haga al respecto es ilícita.
Incluso, el avivato podría terminar en la cárcel pagando una pena que oscila entre 4 y 7 años.
Según la gerente del Invisbu, Silvia Johanna Camargo Gutiérrez, “por orden del Alcalde y del propio Gobierno Nacional, estamos verificando que los hogares que fueron reubicados, de manera efectiva, aún vivan en estas casas; de lo contrario se les aplicarán las debidas sanciones”.
Vale decir que, se han comprobado algunas denuncias específicas sobre este tema, no solo en el barrio Villas de San Ignacio, sino en otros 15 sectores populares del área metropolitana.
“Estamos investigando en qué otros casos las casas subsidiadas han sido comercializadas por fuera de la ley. Como funcionaria del Instituto de Vivienda de Bucaramanga, Invisbu, les estoy suministrado datos específicos a las autoridades locales y a las nacionales, con miras a aplicar los correctivos”, puntualizó Camargo Gutiérrez.
