A Rafael Andrés lo reclutaron en el Parque Centenario, en el corazón de Bucaramanga, junto a Mauricio Nova y otro joven conocido como El Caleño, quienes luego fueron presentados como bajas en combate en el Catatumbo. Diez exmilitares son investigados por la JEP por cerca de 120 ejecuciones extrajudiciales.
En abril de este año, ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hablaron 11 exmilitares del Ejército Nacional y un civil vinculados a las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’ en Norte de Santander.
Alexánder Carretero, el civil que confesó haber reclutado a jóvenes que luego asesinaron para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate, dijo que al menos tres víctimas eran de Bucaramanga.
Rafael Andrés Plata Sánchez fue reclutado y asesinado cuando tenía 18 años de edad. Era el único hijo de Patricia Sánchez. En agosto de 2008, Rafael desapareció en el Parque Centenario, en el centro de Bucaramanga, cuando fue reclutado por Alexander Carretero, un civil que se encargaba, según la versión que él mismo dio en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de persuadir a jóvenes, especialmente habitantes de la calle, para llevarlos hasta Norte de Santander, entregarlos a los militares y que estos luego los hicieran pasar como “bajas en combate”.
Recordar con exactitud el día en que ocurrieron los hechos ya es difícil para Patricia. Ese día, según su madre, habían ido a almorzar a un viejo restaurante de la capital santandereana, en donde residían, luego de haber vivido en diferentes ciudades de Colombia.
Entonces, Rafael cursaba el grado once. Le faltaban tres meses para recibir su diploma de bachiller e iniciar sus estudios de Mecatrónica. Era amante del fútbol.
Así como en muchas familias con bajas condiciones económicas, el dinero de Patricia solo alcanzaba para un almuerzo. “Almuerce usted”, le dijo Patricia a su hijo.
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“De este almorzamos los dos, si no, no”, respondió Rafael. Y así, partiendo la presa de pollo en dos porciones, almorzaron, sin saber que ese iba a ser el último almuerzo que iban a compartir los dos, las últimas horas que iban a estar y que esas serían las últimas miradas.
“Tomó malas amistades”, asegura Patricia. Debido a eso, en la tarde de ese agosto, Rafael llegó al Parque Centenario, en el corazón de Bucaramanga, sin saber cuál iba a ser su destino final.
En aquel parque, rodeado por el viejo Teatro Santander, el Centro Cultural del Oriente y en donde antiguamente funcionaba el terminal de transporte, fue reclutado Rafael Andrés junto a Mauricio Nova y otro joven conocido como ‘El Caleño’.
Alexander Carretero, quien pasó de tener una tienda de empanadas en Soacha a ser una ficha clave en el esquema de los ‘falsos positivos’ en la región, contó luego ante la JEP que estos jóvenes que él reclutaba luego los hacían pasar como ‘bajas en combate’ y supuestos integrantes de la guerrilla.
La búsqueda: escudriñando Bucaramanga
El día que desapareció Rafael, Patricia salió a buscarlo hasta altas horas de la madrugada. Pero cayó la noche y también la esperanza de que él cruzara la puerta de su casa. Los rincones más escondidos de Bucaramanga fueron escudriñados por la madre, que buscaba desesperada a su hijo, a la luz de su vida, a su única compañía.
Así pasaron los días y las semanas. Las respuestas no existían, pero las preguntas abundaban. Uno de los tíos de Rafael, por parte de papá, decidió poner la denuncia ante la Fiscalía y una o dos semanas después recibieron la llamada del horror.
En Norte de Santander habían reportado la “baja en combate” de varios jóvenes. Según el Ejército Nacional, estos habían sido militantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Las descripciones que la Fiscalía les dio a Patricia y a su cuñado concordaban con las de Rafael. Ya no había dudas. Los tatuajes y las fotografías confirmaban lo que en la mente de Patricia nunca pasó. Su único hijo había sido pasado como guerrillero caído en combate.
El cuerpo fue exhumado de una fosa común en donde por lo menos había 30 cuerpos. Junto a Rafael fueron exhumados Mauricio y ‘El Caleño’.
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Desde ahí Patricia inició otro caminar; otro recorrido que ya completa más de 12 años y del que todavía no se conoce fin. Ha estado de demanda en demanda, de juicio en juicio, de tribunal en tribunal y ha cazado unas cuantas peleas, incluso, con sus apoderados.
“Ellos no eran guerrilleros”, dice Patricia con voz vehemente y una rabia que se refleja en sus ojos. “La misma Fiscalía lo comprobó, porque el caso fue directamente para derechos humanos”, dice Patricia.
En este proceso fueron vinculados siete militares, seis soldados y el oficial Estepa Becerra. Las audiencias tuvieron lugar en Bucaramanga. Los implicados fueron condenados, pero cinco de ellos fueron absueltos. El juzgado argumentó que la absolución se dio porque la Fiscalía no hizo lo correspondiente. No hubo pruebas.
Sin embargo, el caso fue diferente con Becerra y el soldado Jefry Danilo Coronel. Ellos fueron condenados a 47 años de prisión. El juez argumentó que en ellos sí se probó su responsabilidad.
La defensa de Patricia apeló la decisión de los seis militares en el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil. Incluso la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión. Sin embargo, la defensa de los implicados también apeló y los condenados fueron imputados por el delito de homicidio en persona protegida, mientras que la víctima pedía que se declarara crimen de lesa humanidad.
De la justicia ordinaria a la justicia transicional
Así como la mayoría de los casos de las ejecuciones extrajudiciales, el caso de Rafael Andrés también cayó en los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Ninguno de los militares pidió pista en la JEP antes de la condena. Todos saltaron al tribunal después de la condena de 47 años de prisión.
En un fallo de 284 páginas, la JEP imputó en 2021 a seis militares por las ejecuciones extrajudiciales en Norte de Santander, entre 2007 y 2008, periodo en el que Rafael Andrés fue presentado como “baja en combate”.
Modus operandi
Según la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el marco del conflicto armado, 6.402 personas fueron asesinadas y presentadas como “guerrilleros caídos en combate”. Una gran parte de esos crímenes se dieron en Norte de Santander, aunque los jóvenes hayan sido reclutados en Soacha o en otras regiones de Colombia.
Los militares, bajo la promesa de posibles ascensos o incentivos como vacaciones, querían dar “resultados”. El coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón dijo en su versión libre ante la JEP que el entonces comandante del Ejército Nacional, Mario Montoya, “pedía litros de sangre”. Que a él lo único que le importaban eran los “resultados” sin importar el precio que fuera.
“Que los perdone Dios”
En una de las tantas audiencias, Patricia tuvo la oportunidad de ver a Alexander Carretero, reclutador de su hijo Rafael. Asegura que él le pidió perdón, pero también señala que ella no es quien para perdonar y pide “que lo perdone Dios”.
Dice no guardar rencor en su corazón, ni por los militares que lo ejecutaron ni por Carretero que lo reclutó. El paso del tiempo va sanando heridas que los criminales abrieron en ella y en más de 6 mil familias colombianas, víctimas de los falsos positivos, según datos de la JEP.
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Ella espera justicia, como toda madre, como todo familiar al que le han arrebatado un ser querido. Pide a las ONGs ayuda y que a las víctimas no solo se les reconozca cuando un fallo es a favor, si no que sus nombres siempre estén presentes para que en algún momento la justicia dé claridad.
Las huellas de Rafael y la culpabilidad de Carretero
Según registró La W en una investigación periodística el año pasado, Carretero aceptó en versión libre haber reclutado al menos 27 víctimas. El hoy compareciente le dijo a la JEP que su primer pago por reclutado fue de $200.000. Posterior a eso, la cifra subió a 1 millón de pesos y que, incluso, alcanzó a obtener 2 millones de pesos por joven reclutado para posteriormente ser asesinado.
El trabajo periodístico de la W adelantó, además, que la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, le preguntó a Carretero que cómo se había involucrado en esta práctica ilegal, a lo que el secuestrador respondió, según el expediente, que no se acordaba.
Sus inicios en este entramado se dieron en enero de 2008, cuando reclutó a los dos primeros jóvenes. ¿Con qué engaño los llevó hasta Norte de Santander? Con la intención de hacer una ‘vuelta’. “Íbamos para una finca a traer droga o a buscar plata”.
Carretero, quien luego de aceptar su responsabilidad quiso hacer un ejercicio de reparación, reconoció a sus dos primeras víctimas ejecutadas luego de que los militares les mostraran las fotografías. Asegura que ahí fue cuando se enteró de lo que estaban haciendo con los muchachos.
El reclutador le dijo a la JEP que se enteró que esos jóvenes eran para ser ejecutados, cuando en marzo o abril de 2008 él fue a la Brigada 15 del Ejército Nacional, acompañado del soldado Dairo José Palomino.
“Mire cómo quedó el muchacho”, le dijo uno de los militares a Carretero. Se trataba de Fair Leonardo Porras, una de las primeras víctimas. Cuenta el reclutador que luego de eso, las amenazas hacia él no se hicieron esperar. “Si no quiere que le pase lo mismo, quédese callado”, le dijeron los uniformados involucrados en el esquema ilegal.
De hecho, Carretero cuenta que el día que asesinaron a Rafael Andrés y a sus acompañantes, los mismos militares lo querían “legalizar” y hacerlo pasar como guerrillero caído en combate.
